Hoy por hoy

Podría interpretarse como un acto de rebeldía el hecho de que los diputados quieran conservar en todas sus partes las polémicas leyes de incentivos fiscales para el sector turístico que fueron aprobadas por iniciativa de terceros interesados. Pero además de ello, esta contumacia es contra el pueblo que cerró calles, avenidas y carreteras a lo largo de todo el país en julio pasado, pues, precisamente, estas leyes fueron objeto de su repudio en esas semanas que terminaron en un diálogo nacional en el que el Ejecutivo se comprometió a derogar esta legislación. El presidente pidió su derogación a la Asamblea, pero los diputados apostaron a la calma que vendría después de la tormenta y así, en medio de esta quietud, aprovechan para burlarse de los acuerdos alcanzados en la mesa del diálogo, introduciendo un nuevo proyecto de ley para conservar a toda costa el desproporcionado privilegio fiscal que propician estas leyes, que equivale a la renuncia de ingresos al Tesoro Nacional que suman hasta ahora unos $1,500 millones –y aumentando–, justo cuando el país requiere de cada centavo que entra a las arcas nacionales. Los diputados desafían una vez más la paciencia de un pueblo cansado de su soberbia y harto de que ellos solo se representen a sí mismos y a sus ocultos donantes.