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Un paso más se ha dado en esa larga contienda legal que libran un comerciante que entró a la Lista Clinton en 2016 y que reclama $1,268.7 millones en presuntos daños y perjuicios, y el Banco Nacional de Panamá (BNP), al que ahora acusa de haberlo presionado para traspasar bienes inmuebles de su propiedad a un fideicomiso controlado por sus propios acreedores. Ahora, la Corte considerará un recurso del Estado que rechaza la admisión de las pretensiones de indemnización. Y la decisión de la Corte tiene sentido, si recordamos que en el pasado reciente, una demanda “gemela” de este comerciante fue rechazada por la Corte, razón por la que habría que preguntarse por qué sí fue admitida la segunda demanda. Este caballero traspasó sus bienes de forma voluntaria, por lo que no tiene sentido una actuación de la Corte que potencialmente pone en peligro la economía del país y la eventual quiebra técnica del BNP, si resulta que al final hay que pagar semejante indemnización. El pleito lleva ya cuatro años y los magistrados deberían tomar una decisión, pero de una buena vez, sobre este caso que languidece en sus respectivos despachos.

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