Durante muchos años, cuando Panamá hablaba de competitividad, la conversación giraba casi exclusivamente alrededor de su ubicación geográfica, su conectividad, su plataforma logística y sus incentivos fiscales. Y aunque todos esos elementos siguen siendo relevantes, hoy resulta evidente que ya no son suficientes para sostener, por sí solos, la posición de un país en un entorno global mucho más exigente.
Las reglas cambiaron. El capital internacional ya no busca únicamente eficiencia operativa o ventajas tributarias. También busca estabilidad, transparencia, capacidad institucional y calidad en la gobernanza. Y dentro de esa evaluación, la forma en que las empresas toman decisiones se ha convertido en un elemento cada vez más importante.
Por eso, la discusión sobre diversidad en juntas directivas trasciende ampliamente el debate sobre equidad o representación. En realidad, estamos hablando de reputación país.
El estudio sobre el cumplimiento de la Ley 56 de 2017 refleja avances importantes en la participación femenina dentro de los espacios de decisión corporativa en Panamá. El crecimiento registrado desde 2018 demuestra que el tema dejó de ser marginal y comenzó, lentamente, a incorporarse en la agenda empresarial.
Pero el punto relevante no es únicamente cuánto se ha avanzado. El verdadero tema es cómo ese avance es percibido por quienes observan a Panamá desde el exterior.
Hoy, inversionistas institucionales, fondos internacionales, organismos multilaterales y calificadoras de riesgo analizan factores que hace apenas algunos años no formaban parte central de sus evaluaciones. Entre ellos, la composición y diversidad de las juntas directivas.
¿Por qué? Porque entienden algo fundamental: las empresas que toman mejores decisiones suelen ser aquellas donde existe diversidad de pensamiento.
Una junta directiva homogénea puede ser eficiente en momentos de estabilidad, pero tiende a desarrollar puntos ciegos en entornos complejos. En cambio, las organizaciones que integran distintas perspectivas suelen anticipar mejor los riesgos, adaptarse con mayor rapidez a los cambios y generar discusiones estratégicas de mayor profundidad. Esto tiene un impacto directo sobre la confianza.
Al final, la inversión no depende únicamente de números. También depende de la percepción de riesgo. Y la percepción de riesgo está profundamente vinculada a la calidad de la gobernanza. Ahí es donde Panamá enfrenta un reto importante.
Competimos por atraer capital en un entorno donde cada vez más jurisdicciones entienden que la gobernanza corporativa forma parte de su estrategia país. No se trata únicamente de cumplir estándares internacionales por presión externa. Se trata de comprender que la calidad institucional de las empresas termina influyendo directamente en la competitividad nacional.
Cuando un inversionista observa juntas directivas más diversas, más profesionales y alineadas con estándares internacionales, interpreta que existe una mayor madurez empresarial. Y esa percepción genera valor.
Por el contrario, cuando los avances son lentos o superficiales, la señal que se envía es distinta. Se percibe resistencia al cambio, menor capacidad de adaptación y estructuras corporativas todavía demasiado tradicionales para un entorno global que evoluciona rápidamente. Panamá no puede darse el lujo de quedarse atrás en esa conversación.
Particularmente porque el país necesita seguir fortaleciendo su reputación internacional en un momento donde la transparencia, la gobernanza y los estándares de cumplimiento tienen un peso creciente en la toma de decisiones económicas globales.
Y aquí hay algo importante: este tema no debe verse como una imposición externa ni como una moda corporativa importada. Debe entenderse como una oportunidad estratégica para elevar la calidad de nuestras organizaciones y fortalecer el posicionamiento del país como un centro de negocios moderno, competitivo y preparado para el futuro.
Porque la reputación de un país no se construye únicamente desde el sector público. También se construye desde la manera en que operan sus empresas, cómo se toman las decisiones y qué señales transmiten sus estructuras de liderazgo.
La Ley 56 abrió una conversación necesaria. Pero el verdadero valor de esa conversación no está únicamente en el porcentaje que se alcance. Está en comprender que detrás de cada junta directiva hay algo mucho más grande en juego: la capacidad de un país para proyectar confianza.
Y en un mundo donde el capital puede escoger prácticamente cualquier destino, la confianza dejó de ser un elemento complementario. Se convirtió en una ventaja competitiva.
El autor es socio director y líder en materia fiscal y legal. Deloitte Panamá.
