Panamá vive desde hace años una paradoja fiscal incómoda. La economía crece —4.4% en 2025—, pero no logra bajar el desempleo, que subió a 10.4%, y mantenemos la carga tributaria más baja de América Latina: 11.9% del PIB, frente a un promedio regional de 21.3% y a 33.9% en la OCDE.
A la vez, conservamos el ITBMS más bajo del continente (7%) y un menú de exoneraciones, créditos y subsidios tan amplio que el gasto tributario —ingresos dejados de percibir por incentivos, exoneraciones, deducciones o regímenes especiales— equivale al 62% de la recaudación efectiva, contra 10% en Chile. Por cada dólar que el Estado recauda, deja de cobrar otros 62 centavos. Y, aun así, la inversión extranjera directa cayó 63% en 2025, cuando alcanzó a la quinta parte de la recibida en 2019, Fitch nos retiró el grado de inversión en 2024 y el desempleo no cede. La estrategia fiscal ha perdido tracción y prioridad frente a otras ventajas comparativas.
Quién paga la fiesta
Mientras enclaves enteros operan con tasas efectivas cercanas a cero, el peso del ajuste lo cargan los asalariados. El primer tramo gravable del impuesto sobre la renta personal aplica un 15% marginal sobre el excedente de B/.11,000; en Costa Rica y Uruguay arranca en 10%, y en Chile aún más bajo. El ITBMS, con base estrecha, recae
proporcionalmente más sobre el consumo de los hogares medios. En 2025, los asalariados aportaron el 23% del total recaudado y gran parte del 28% del ITBMS, mientras las personas jurídicas aportaron 16%; quien gana menos destina un mayor porcentaje de sus ingresos a impuestos, típico de un sistema fiscal regresivo. Y, a diferencia de las empresas, al asalariado se le retiene en la fuente y casi no puede deducir gastos, depreciar ni valerse de escudos fiscales.
El caso del interés preferencial
El sacrificio del 62% no se distribuye equitativamente. Sólo por obligaciones acumuladas del régimen de intereses preferenciales para vivienda, el MEF pagó B/.271 millones a la banca en 2025.
A partir de 2026 el régimen se amplió a viviendas de hasta US$180,000, con tasas subsidiadas de 2% por cinco años para el rango (US$120,000–US$150,000) y 1.5% por cinco años (US$150,000–US$180,000) en Panamá y Panamá Oeste, pero esos niveles requieren ingreso superior a US$3,000 mensuales —apenas el 3% de los ocupados—, mientras no se renovó el bono solidario de US$10,000 para la inicial de viviendas de hasta US$70,000, la verdadera vivienda social. El contraste es claro: 60% de la población gana menos de US$800 mensuales y 90% de los informales menos de US$650, pero se les restringieron los apoyos. Y los subsidios quedan fijos durante cinco años: si la banca baja sus tasas, el Estado sigue pagando lo mismo.
Es sólo un ejemplo del patrón general que ha privado en años: incentivos sin objetivos consistentes, sin focalización, sin auditoría ni rendición de cuentas, que amplían la desigualdad y erosionan la base fiscal sin retornos verificables.
Restricciones estructurales
A esto se suman dos límites importantes. Panamá no tiene autoridad monetaria: la dolarización aporta estabilidad, pero priva al país de la palanca de tasas de interés, instrumentos cambiarios y regulación de liquidez. Y el espacio fiscal está cerrado: la deuda del Sector Público No Financiero alcanzó 66% del PIB —por encima del 62% proyectado—, el déficit cerró 2025 en 3.68% cumpliendo a duras penas un techo ya ajustado, y Fitch en febrero 2026 nuevamente advirtió que se requiere mayor consolidación fiscal para frenar la acumulación de deuda. Sin política monetaria propia y con margen tributario reducido, cada nuevo incentivo sin contrapartida se paga con menos hospitales, menos escuelas o más deuda.
La evidencia comparada: control no ahuyenta inversión
Conviene mirar al vecindario. Costa Rica mantiene un régimen de zonas francas exigente —con inversiones mínimas, empleo formal y encadenamientos locales documentados— y aun así su IED creció 14% en 2024 hasta un récord histórico de US$4,322 millones, con las zonas francas atrayendo 64% del total. Uruguay, con su matriz multicriterio de la COMAP (Ley 16.906), aprueba beneficios solo cuando el proyecto suma puntos verificables en empleo, I+D, descentralización y exportaciones. Chile, con su crédito tributario a I+D (Ley 20.241), exige certificación previa. Lo común es lo decisivo: ningún incentivo se debería otorgar sin objetivos auditables, sin sunset clause o vencimiento del incentivo y sin análisis costo-beneficio.
Cuatro ejes se sugieren para reordenar los estímulos
El Pilar 5 propone cuatro ejes para rediseñar el sistema sin perder competitividad.
Primero, alinear exoneraciones y subsidios con objetivos auditables: priorizar I+D y adopción tecnológica, formalización laboral verificable, polos regionales fuera del eje metropolitano y eficiencia institucional medible.
Segundo, análisis costo-beneficio obligatorios y publicación anual del gasto tributario por régimen, con indicadores de empleo formal, encadenamientos locales y aporte tributario neto. Lo que no se mide, no se gestiona.
Tercero, sunset clauses en todo nuevo incentivo o subsidio. Los subsidios fijos de tasa —como el del interés preferencial— deben moverse con el mercado: si la banca baja, el aporte del Estado también deberían bajar. No hacerlo es transferir renta privada con dinero público.
Cuarto —el más sensible—, financiar los nuevos incentivos re balanceando la carga existente: reducir exenciones que ya no se justifican, profundizar la progresividad del ISR personal, aliviar el primer tramo de los asalariados y redireccionar incentivos. Sin un ordenamiento de la fiscalidad, no hay forma de orientar recursos hacia donde produzcan beneficios inclusivos, sostenibles y medibles.
CADES: del lobby al co-diseño
El sector privado debe entrar como co-diseñador, no como demandante. CADES —el Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Social propuesto en el Pilar 1— pudiera colaborar con el MEF y la Contraloría en la evaluación trimestral de cada régimen y publicar resultados en formato abierto. Un sistema de incentivos sin auditoría privada y ciudadana es un cheque en blanco firmado por todos los panameños.
Otras palancas para atraer inversión y promover desarrollo
Panamá ya no puede competir solo bajando impuestos ni regalando subsidios. La evidencia es contundente: con la carga fiscal más baja de la región y un sacrificio fiscal del 62%, perdimos grado de inversión, cae la IED, cargamos a los asalariados con un primer tramo entre los más altos del continente y, en 2026, ampliamos el subsidio hipotecario al 3% más alto mientras retirábamos el bono al más necesitado. La disciplina fiscal y la inteligencia en el diseño no son enemigos del crecimiento: son su precondición. Estímulos sí, pero con disciplina; rebalanceo de cargas, también; cheques en blanco, no más.
El autor es economista, con maestría en Blockchain & Fintech.
