La pandemia ha sido la excusa predilecta de la actual administración a todos los problemas que enfrenta el país, no importa la gravedad ni trascendencia, siempre el gobierno genera acciones incongruentes, superficiales y superfluas a problemas estructurales tanto en materia económica como social.
El hartazgo y descontento generalizado son los grandes protagonistas de las últimas semanas, en medio de una crisis que se sigue agudizando, las brechas sociales se amplían, los servicios públicos se desmejoran, y la inversión es errática, en consecuencia, el costo de la vida se encarece.
El divorcio entre la política gubernamental y las necesidades de los panameños (empleo, transporte, educación…) ha sido materializado en la gran manifestación del 7 de julio pasado, en la Plaza 5 de Mayo, y todas las provincias, cuando los gremios de educadores, estudiantes, padres de familia, transportistas, obreros…se expresaron públicamente en todas las calles del país, exigiendo medidas congruentes ante la crisis.
De hecho, no sorprende la respuesta de los sectores más vulnerables, de 2018 a 2022 el presupuesto de Aseo bajó 17%, Mi Bus 18%, IDAAN 18%; en cambio, la Asamblea aumentó el suyo en 26% (con nombramientos en plena crisis sanitaria), el gobierno central 21%, sin contar los emolumentos despóticos tales como gastos de representación y movilización, viáticos al exterior de altos funcionarios y civiles con dinero público, fondos discrecionales, y demás privilegios que goza la clase monárquica concentradas en el Ejecutivo y la Asamblea.
La Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO) se levantó de la mesa de diálogo con el Ejecutivo, apenas una hora y media de iniciadas las conversaciones en Veraguas. En ausencia del presidente, el segundo al mando, el vicepresidente, debe ejercer el liderazgo que evoca su investidura, sin embargo, observamos una actitud pusilánime y desinteresada, demostrando la poca capacidad de concertación del gabinete.
La actitud hipócrita de las autoridades es indecente, ellos mismos han implementado las políticas económicas feudales de regalos fiscales a allegados del gobierno, profundizando el déficit, no han generado las condiciones para la creación de empleos, además, negocian préstamos millonarios en organismos internacionales como si fuesen simples compras directas.
Otro tema que ha generado desasosiego en la población es el alto precio de los combustibles, el panameño común ha tenido que dejar de consumir diversos bienes y servicios, para asumir el precio de la gasolina y diésel. Aunque este tema es mucho más complejo de lo que parece, incluso pasa por un conflicto armado, todas las economías del mundo se están adaptando a esta realidad.
Panamá ha implementado un subsidio ínfimo que resulta insuficiente, diversas voces recomiendan la exoneración del pago del impuesto al combustible, aunque advierten de la insostenibilidad del subsidio al tanque de gas en el mediano plazo. La solución también debe integrar la política de transición energética que viene implementando la Secretaría de Energía.
La seguridad alimentaria se ha visto afectada en paralelo, la canasta básica subió $18.37 dólares en un año, diezmando el poder adquisitivo de las personas, lo cual tiene repercusiones en el consumo. Un monitoreo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) determinó que los 59 productos que están incluidos en la Canasta Básica Familiar de alimentos se encuentran en un precio máximo de $331.74, consumida por el 40% del país.
Finalmente, solo queda recordarle al gobierno que en pocos días se celebra el día de la Bastilla, el pueblo panameño los observa con ojos críticos, a veces el despilfarro y la incapacidad se paga caro, como nos enseñaron los franceses aquel 14 de julio.
El autor es amigo de la Fundación Libertad
