La comparecencia de abogados que presentaron su postulación para que se escoja un magistrado del Tribunal Electoral, ha sido una aleccionadora experiencia para todos, incluyendo a los propios magistrados de la Corte Suprema.
La publicidad de las entrevistas constituye un hito llamado a elevar la calidad de la selección de magistrados, que bien podría repetirse para otros nombramientos de importancia que alejarían el activismo político y estimularían la elección por méritos.
Ojalá los propios ciudadanos eligiéramos así: indagando sobre las cualidades de los candidatos, procurando que sean electos los que tengan más y mejores cualidades.
Aunque todos seguramente cumplían con los requisitos de ley para ser magistrado, que son muy sencillos (tener 35 años de edad, ser panameño por nacimiento, tener 10 años en el ejercicio de la profesión de abogado o su equivalencia y no haber sido condenado por delito doloso), se evidenció que hay una gran diferencia entre cumplir los requisitos mínimos y tener méritos suficientes como para aspirar a tan importante cargo.
Vimos con detenimiento las entrevistas y me quedé con ganas de hacer preguntas yo mismo, pensando en que si bien el conocimiento del derecho electoral y la experiencia son muy importantes, lo es más el conj nto de valores que deben caracterizar a un magistrado, entre ellos el compromiso con la democracia, el apego a la verdad, el ánimo de objetividad, el concepto de equidad, la tolerancia por las opiniones ajenas, la independencia de factores de presión como el partidismo político, el materialismo, la religión, la lealtad familiar, el amiguismo, las pasiones en general y, sobre todo, la valentía para ser fiel a esos valores.
Así como conozco a varios de los entrevistados y sé de los muchos quilates que los adornan, de otros me quedé sorprendido en cuanto a que presentaran siquiera su postulación, cuando su hoja de vida es un mentís a las cualidades que he mencionado y que se pretenden camuflar con el conocimiento extenso y detallado de la materia que, en palabras de Simón Bolívar, es un azote, si no está acompañado de probidad y virtudes, pues realmente quien más sabe, más daño puede causar.
Afloró, por otra parte, la existencia de un interés en que, como para equilibrar un organismo en cuya cabeza no hay presencia equitativa de hombres y mujeres, la nominación fuera de una mujer y ello me hizo pensar que la mitad de la población de Panamá hubiera visto con simpatía si hubiera ocurrido; empero, si en un nombramiento semejante no destacan otras cualidades que debe tener un funcionario de tan elevadas responsabilidades, todos seremos víctimas de las consecuencias de una designación sin los méritos requeridos.
La democracia panameña está invadida de un clientelismo galopante. Necesita desandar el camino recorrido en que se ha venido desgastando. Si la libertad del sufragio se coarta con dinero para comprar votos a cambio de pesos y regalos, y esos votos se cuentan con honradez, pero no han sido sufragados con sinceridad sino por una voluntad corrompida por candidatos o partidos, el resultado no será eficaz para la sociedad ni los funcionarios electos lo habrán sido por el pueblo, sino por el capital, venga de donde sea que haya venido y esos dineros tienen solo dos fuentes: el subsidio que el Estado panameño entrega a candidatos y partidos políticos y los capitales privados, estos últimos de origen legítimo unos y otros ilegítimos y criminales, que poco a poco han ido penetrando el sistema sin que el Tribunal Electoral ni la Contraloría General de la República hayan supervisado desde hace mucho tiempo, juiciosa y diligentemente sus fuentes, ni se haya llevado debida cuenta de las compensaciones devueltas a los donantes codiciosos, a costa del erario público.
Temo que hay distintas voluntades interviniendo, ajenas a las del interés de salvaguarda de la democracia. De los últimos siete magistrados, hay tres que aún ejercen como tales y otros tres que son funcionarios: uno en la Contraloría, otro en la Presidencia de la República y otro es asesor en el propio Tribunal Electoral.
Para rematar, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que concede las autorizaciones para la aprobación de las partidas presupuestarias que destinan las instituciones a los ciudadanos y el Tribunal Electoral a los partidos políticos, con las inmensas desigualdades con que se administran, es también presidente del partido en el poder cuyos diputados en la Asamblea Nacional eligieron al contralor general y exmagistrado electoral, quien es el encargado de llevar y fiscalizar las cuentas nacionales, incluyendo las deudas internas y externas, y ha ocurrido que tanto el magistrado principal como el suplente elegidos el pasado lunes por la Corte Suprema de Justicia, son de ese mismo partido. Con nuestra experiencia, es difícil interpretar eso como simple coincidencia; por el contrario, acentúa sospechas y motiva indignación.
El tiempo de las convulsiones sociales cíclicas -cada 20 o 25 años- ya concluyó. Estamos en una crisis de profunda desconfianza, de enorme corrupción y atraco a los dineros públicos, cuyo debate se evade y en 20 meses estaremos en una elección, esos eventos quinquenales en que las vísceras se recalientan, las lenguas insultan y las pasiones se desbordan, como reiteradamente acredita la historia panameña, y en ese ambiente se van a mezclar frustraciones sociales, académicas, éticas, económicas y políticas, en una peligrosa atmósfera cargada de combustible populista. Quizás no tenga yo los conocimientos de un buen meteorólogo, pero como en las tormentas, las nubes densas y un cielo oscuro son presagio de tempestad.
Los órganos del Estado y el partido que dice que es el propio pueblo nos están llevando a una confrontación.
El autor fue magistrado del Tribunal Electoral.
