Partamos del hecho de que aún se desconocen las cifras oficiales de la Encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Sin embargo, las estimaciones del Observatorio del Mercado Laboral de Mitradel a septiembre de 2025, sitúan la tasa de desempleo en 10.4 % y la informalidad en 47.7%; cifras que encienden el semáforo, ya que son algunas de las más altas de los últimos 20 años (2005-2025), con excepción del 2020 y 2021, producto de la crisis sanitaria del Covid-19.
Y es que, cuando crece el desempleo y la informalidad, se limita severamente el crecimiento económico de un país, al reducir el consumo de los hogares, disminuir la recaudación fiscal y frenar la productividad. Estos indicadores en aumento afectan de manera significativa el mercado laboral porque contraen la demanda interna, promueven la informalidad que genera empleo precario, bajan la productividad y aumentan la evasión de impuestos, perpetuando la desigualdad, el subdesarrollo y limitando nuestra competitividad global en relación con otras economías.
Como mencioné anteriormente, los principales impactos recaen sobre el crecimiento económico porque reducen el consumo e ingresos, ya que las altas tasas de desempleo significan menos personas con salarios estables, con menor consumo anual, disminuyendo el gasto en bienes y servicios, que son el motor principal de la economía; -por ejemplo- “la contracción del consumo en la primera mitad de 2025 y las recaudaciones del ITBMS cayeron en 11 % en comparación con 2024, resultando en una pérdida de 128 millones mensuales en consumo y más de 1,400 millones anuales, comparado con el año anterior”.
De igual manera, se produce el fenómeno de fuga de ingresos fiscales, pues el trabajo informal no paga impuestos, lo que reduce la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura, educación, salud u otros rubros de interés social.
En resumen, la informalidad y el desempleo crean una trampa donde la baja productividad impide mejores salarios, y los bajos salarios o la falta de ellos limitan el crecimiento económico nacional.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo es la situación de personas en edad de trabajar sin empleo, disponibles y buscando trabajo activamente; mientras que la informalidad abarca actividades económicas y empleos no regulados, no registrados o sin protección social (seguridad social, contratos), ya sea en empresas formales o informales.
En el último Informe sobre el Mercado Laboral 2025, la OIT reafirma que el desempleo implica una falta de oferta de empleo ante la demanda laboral y que la informalidad incluye el autoempleo y el empleo asalariado no regulado. Su mayor consecuencia es la falta de cobertura en protección social y prestaciones laborales. Ambos fenómenos son causados por desequilibrios en el mercado, siendo la informalidad muy común entre jóvenes, mujeres y trabajadores vulnerables.
Ahora bien, analicemos “el porqué” Panamá cierra el 2025 con una de las más altas tasas de desempleo registradas en los últimos 20 años; y solo basta compararla con la de 2012 y 2013, que fue de 4.1%; para ver que nuestra tasa de desempleo e informalidad crecieron en un 6.3% y 10.4%, respectivamente, en comparación con 2012-2013.
Al estudiar más a fondo este fenómeno, en promedio, la tasa de desempleo en Panamá ha mostrado múltiples cambios. Por ejemplo, un pico histórico fue el de 2020 con 18.5%, seguido de la tasa de 2025 con 10.4%. Para entenderlo mejor, podríamos dividir los últimos 20 años en tres periodos. El primero (1), de 2005 a 2019, donde el promedio de desempleo fue de 6.1% y las tasas más bajas fueron en 2012 y 2013, con 4.1%; el segundo (2) de 2020 a 2022 (periodo de pandemia), donde el promedio subió a 13.1%, siendo el más alto en 2020 con 18.5%; y un tercer (3) periodo, post pandemia, comprendido entre 2023 y 2025, con un promedio de 9.1%, siendo 2025 el más alto, con un desempleo de 10.4%; lo que se traduce en unos 222,000 trabajadores y trabajadoras, que antes tenían empleo, pero ahora no lo tienen y siguen en la búsqueda de una oportunidad laboral.
Entre 2005 y 2019, Panamá experimentó una baja sostenida en su tasa de desempleo, situándose por primera vez en dos décadas por debajo de los dos dígitos. Este fenómeno fue impulsado por un auge económico sin precedentes centrado en la ampliación del Canal de Panamá, una alta IED, el desarrollo del sector inmobiliario y comercial, y un crecimiento constante del PIB.
Podríamos añadir que durante este lapso de tiempo (2005-2019) se construyeron importantes obras de infraestructura pública como la Línea 1 y 2 del Metro de Panamá, el tercer puente sobre el Canal, la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Centro de Convenciones de Amador e importantes proyectos de inversión energética y de gas como Chan 1, Bonyic, Barro Blanco y en Colón, la Mina de Cobre, la ampliación de nuestra oferta marítima con dos nuevos puertos en el Pacífico y uno en el Atlántico y la implementación de la Ley que creó la nueva Zona Económica Especial Panamá Pacífico.
Pero luego, entre 2019 y 2024, la economía panameña sufrió dos shocks: la pandemia y el cese minero, con la consecuente pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings en marzo de 2024. Y es que, en consecuencia, sufrimos una significativa reducción de más de 4 mil millones en inversión privada, una reducción de 2,165 millones en financiamientos bancarios al sector productivo y una caída de 1,600 millones en flujo de Inversión Extranjera Directa (IED).
No cabe la menor duda de que estos factores incidieron de manera catastrófica en nuestros indicadores de desempleo e informalidad; pero sobre todo, a futuro, la no ejecución de importantes obras de inversión pública y la postergación de decisiones como la apertura de la mina, han alargado la probabilidad de mejorar estos indicadores.
Por lo tanto, el 2026 debe ser un año de determinación a nivel del Gobierno Central para la inversión en infraestructura pública y la consecución de importantes proyectos de inversión privada; así como la apertura de la mina, la transición exitosa en la administración de los Puertos de Balboa y Cristóbal, el fortalecimiento de la industria bananera en Bocas del Toro, la consolidación de las zonas económicas especiales y el revestimiento de seguridad jurídica para la IED.
Se debe actuar con determinación y celeridad.
Solo así, podremos revalorizar los activos que potencian nuestra posición geográfica, ser atractivos para la inversión y generar los miles de empleos directos, indirectos e inducidos que se necesitan para volver a ser el país del pleno empleo.
El autor es exministro de Trabajo.
