Desde España nos llega una noticia que, de no ser tan destructiva para el futuro económico, resultaría francamente cómica. Frente a un estancamiento histórico de su productividad, la integración de la inteligencia artificial (IA) y la robótica representa para la nación europea una oportunidad vital para revertir esta decadencia. Sin embargo, el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha lanzado una propuesta que parece sacada de los tiempos más oscuros: crear un “impuesto a los robots” y aprobar una “regulación ética” de la IA. Estamos ante un nuevo asalto ludita que, de organizarse e internacionalizarse, amenaza con frenar el progreso productivo del mundo entero. Esto ocurre porque, cuando los Estados encuentran oportunidades de legitimar sus malas decisiones a través de decisiones mal tomadas por otros Estados, suelen limitarse a señalar que “X” es habitual en el mundo, aminorando así, supuestamente, la carga de responsabilidad del político ejecutor del mal porvenir de la sociedad en determinado momento.
Históricamente, los detractores del libre mercado han padecido lo que la teoría libertaria denomina “histeria de la automatización”: la creencia irracional de que la tecnología generará un desempleo masivo permanente que solo la intervención coactiva del Estado y el socialismo pueden resolver. La exigencia de la UGT debe ser desmantelada praxeológicamente, pues se asienta en tres graves errores.
En primer lugar, destaca la absoluta ambigüedad de la medida. ¿Qué constituye exactamente un “robot” a efectos fiscales? ¿Dónde empieza la IA y dónde termina el software de un ordenador básico? Estas propuestas son cascarones vacíos, sin definiciones técnicas claras. Su único propósito es otorgar al Estado un cheque en blanco y una excusa moral para expoliar fiscalmente cualquier nueva herramienta tecnológica.
En segundo lugar, nos enfrentamos a un nuevo brote ludita que actúa como un freno deliberado al progreso. Al igual que los luditas del siglo XIX destruían los telares mecánicos, los sindicalistas de hoy buscan encarecer la tecnología mediante impuestos confiscatorios y limitar su implantación mediante regulaciones “éticas” redactadas por burócratas. En el fondo, este recurrente ataque contra la tecnología y el crecimiento económico no es más que el intento de una élite por proteger el statu quo de ciertos sectores obsoletos.
Pero el tercer punto es el más vergonzoso: la incoherencia absoluta de las demandas sindicales. La UGT exige, por un lado, reducir la jornada laboral a 32 horas semanales, pero, por otro, busca penalizar y bloquear el uso de las herramientas de capital (IA y robótica) que harían posible dicho avance. La ciencia económica es irrefutable en este punto: solo un aumento masivo de la productividad mediante la acumulación de capital y tecnología permite sostener salarios más altos trabajando menos horas. Como bien enseñaba el gran economista liberal Frédéric Bastiat, el progreso técnico equivale precisamente a lograr que las fuerzas de la naturaleza o las máquinas hagan el esfuerzo, requiriendo un trabajo humano cada vez menor para alcanzar el mismo resultado. ¡Es de una ceguera total exigir los beneficios directos de la productividad mientras se penaliza a las máquinas que la generan!
Panameños, debemos observar con cautela este despropósito europeo. El sindicalismo apoyado por el Estado no busca la emancipación del trabajador, sino perpetuar su dependencia de la maquinaria política. Las mejoras genuinas en nuestro nivel de vida jamás provendrán de regulaciones “éticas” diseñadas por políticos que no entienden de innovación, libre mercado ni del orden espontáneo. Si permitimos que la coacción estatal y el miedo sindical dicten nuestro desarrollo tecnológico, estaremos saboteando nuestro propio futuro y abrazando voluntariamente la miseria.
El autor es analista independiente.
