En vísperas del Día Internacional de la Educación, en la provincia de Panamá Oeste la celebración no se vive con esa emoción. Entre el rugir de los motores y el movimiento de las máquinas que dan forma a la Línea 3 del Metro, la “décima provincia” se alza como la segunda fuerza educativa más importante del país, superada solo por la ciudad capital. Este gigante educativo, que despierta entre un crecimiento acelerado y una carrera por asegurar su propio asiento dentro de un aula, se ha convertido en un epicentro: un fenómeno sin precedentes dentro del territorio nacional.
La magnitud del reto es abrumadora. Según datos oficiales del Meduca, la provincia sostiene sobre sus hombros el futuro de 111,862 estudiantes, distribuidos en una red de 246 centros educativos oficiales que hoy, más que nunca, operan al límite de su capacidad y enfrentan una de las mayores densidades escolares del país. En los distritos de Arraiján y La Chorrera, las escuelas no solo son centros de saber: son refugios de necesidad y esperanza. Por otro lado, en las zonas rurales de Capira, Chame y San Carlos, la lucha persiste contra las llamadas “escuelas rancho”, huellas visibles de un sistema que aún no logra llegar con equidad a las áreas de difícil acceso.
Para el período 2026, la programación de nuevos centros educativos se presenta como la gran solución estratégica de la región, con la proyección de beneficiar de manera directa a 14,318 estudiantes. Este ambicioso plan de expansión no es solo una cifra estadística: representa un alivio significativo, aunque parcial, para un déficit de cupos que ha presionado al sistema durante años.
En medio de esta crisis de hacinamiento escolar, entra en escena un fondo clave que maneja el 27% de lo recaudado por el Seguro Educativo: el FECE. Este recurso, administrado por el Ministerio de Educación, se constituye como el mecanismo de auxilio y solución de primera instancia más eficaz para los centros educativos de Panamá Oeste. Su principal fortaleza es la descentralización, ya que permite a los planteles actuar con la agilidad de un comando de respuesta rápida para ejecutar mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos en reparaciones críticas, rompiendo con los lentos engranajes de la burocracia centralizada.
En un territorio donde la infraestructura sufre el desgaste diario, este fondo se convierte en la “primera línea de defensa”, capaz de devolver la luz a un laboratorio de informática mediante el reemplazo de un transformador o de intervenir una estructura deteriorada antes de que colapse. Así, la autogestión demuestra que, con recursos disponibles y oportunos, cada plantel puede convertirse en el arquitecto de su propia mejora, resolviendo de inmediato problemas que no pueden esperar la llegada de grandes proyectos.
Panamá Oeste no es solo una cifra en un informe; es una realidad tangible que lucha por sostenerse bajo la sombra de una infraestructura que se quedó pequeña frente al crecimiento exponencial de una población que no pide permiso para avanzar. El drama se palpa en cada salón donde el espacio es un tesoro y en cada camino de lodo que un niño recorre para llegar a una escuela de concreto. La solución está a la vista, pero exige más que cemento y arena: requiere un compromiso inquebrantable con el orden. El ordenamiento territorial debe convertirse en el aliado que detenga la improvisación y garantice que, donde se establezca un nuevo desarrollo urbanístico, nazca también un pupitre digno.
La campana suena, el tiempo se acorta y las clases comienzan. El año 2026 llega cargado de retos que pondrán a prueba la infraestructura del sistema educativo, exigiendo soluciones inmediatas, un compromiso real de las instituciones gubernamentales y una visión estratégica que garantice espacios dignos para cada estudiante de la provincia.
El autor es arquitecto.
