Desde que existen elecciones también existe el temor de que el dinero termine sustituyendo a los votos. La compra de voluntades, el financiamiento de candidatos, la captura de los medios de comunicación y la influencia sobre quienes toman decisiones no son fenómenos nuevos. Han acompañado a las democracias prácticamente desde su nacimiento.
Regular esa relación entre dinero y política ha tomado décadas. Estados Unidos fue uno de los primeros países en intentarlo, aunque también uno de los primeros en debilitar sus propias restricciones. Ya en 1867 se prohibía que funcionarios navales solicitaran aportes económicos a los trabajadores de los astilleros. Décadas después, en 1907, se vetó el financiamiento corporativo directo de campañas federales. Sin embargo, cada reforma terminó encontrando nuevas formas de ser eludida.
Hoy las empresas no pueden donar directamente a candidatos federales, pero las personas sí pueden hacerlo dentro de ciertos límites. Además, existen los llamados Super PACs, organizaciones que pueden recibir aportes prácticamente ilimitados para influir en las elecciones, siempre que actúen de manera formalmente independiente de los candidatos. El resultado es un sistema electoral donde el gasto asciende a miles de millones de dólares y donde el acceso al poder depende cada vez más de la capacidad para recaudar recursos. La consecuencia es evidente: una democracia crecientemente condicionada por quienes poseen mayor capacidad económica. Si esto ocurre en la mayor economía del mundo, cabe preguntarse qué puede esperarse de países con instituciones mucho más frágiles y clientelistas, como Panamá.
El Reino Unido ofrece un ejemplo distinto, pero con efectos similares. Allí el gasto electoral está estrictamente limitado, aunque las donaciones privadas siguen permitidas. En los últimos años, varios empresarios realizaron aportes millonarios al Partido Conservador y posteriormente ocuparon posiciones relevantes dentro de su estructura o fortalecieron su acceso a quienes toman decisiones. Todo ocurrió dentro del marco legal y con total transparencia, aunque resulta difícil ignorar la estrecha relación entre el dinero y la influencia política.
En Alemania ocurre algo parecido. Grandes compañías como Philip Morris, Volkswagen, BMW y Daimler han financiado durante años a los principales partidos políticos. Las contribuciones fueron públicas y legales. Sin embargo, cuando esas mismas empresas enfrentaron debates regulatorios o escándalos industriales, la cercanía con el poder inevitablemente alimentó dudas sobre la independencia de las decisiones públicas. La transparencia no elimina el riesgo de captura; simplemente permite observarlo.
Francia inició la regulación mucho más tarde. Desde 1988, las empresas tienen prohibido financiar partidos, pero las personas pueden realizar aportes significativos cada año. Sobre el papel parece un sistema equilibrado. En la práctica, el peso del financiamiento termina concentrándose en una minoría con gran capacidad económica. Durante la campaña presidencial de Emmanuel Macron en 2017, un porcentaje muy reducido de los donantes aportó una parte sustancial de los recursos de su movimiento. Posteriormente, las principales reformas tributarias beneficiaron de manera desproporcionada a los patrimonios más elevados. Probar una relación directa es imposible, pero la coincidencia alimenta un debate legítimo sobre quién termina influyendo realmente en las políticas públicas.
Bélgica representa el modelo opuesto. Las empresas no pueden donar y los aportes individuales están sujetos a límites muy reducidos. No elimina completamente la influencia del dinero, pero sí reduce considerablemente la distancia política entre quienes poseen grandes fortunas y el resto de la ciudadanía.
La pregunta de fondo nunca ha sido cuánto puede donar una persona. La verdadera pregunta es quién puede hacerlo sin afectar su patrimonio. Para un trabajador, una contribución importante puede representar meses de ingresos; para un multimillonario, constituye apenas una inversión con potenciales retornos políticos.
Panamá no escapa a esa realidad. En un país donde el poder económico participa activamente en la definición de las leyes y donde la consolidación fiscal suele traducirse en sacrificios para la mayoría, mientras se preservan intereses particulares empresariales, el financiamiento privado de la política deja de ser un problema electoral para convertirse en un problema de calidad democrática.
La influencia del dinero sobre la política no termina cuando se realiza una donación. En muchos países continúa a través del propio sistema tributario, que convierte el financiamiento político en un privilegio fiscal reservado para quienes poseen mayores ingresos.
Francia ilustra con claridad esta contradicción. Las donaciones a partidos políticos generan una deducción equivalente al 66 % de su valor para quienes pagan impuesto sobre la renta. En consecuencia, una persona con altos ingresos recupera buena parte de su aporte gracias al Estado, mientras que un ciudadano exento del impuesto debe asumir el costo completo de su donación. Dos personas pueden entregar exactamente la misma cantidad de dinero, pero el esfuerzo económico que realizan es radicalmente distinto. La capacidad de influir políticamente termina subsidiada por los propios contribuyentes.
Algo similar ocurre con las cuotas de afiliación a los partidos. Quienes tienen ingresos elevados recuperan una parte importante de lo que pagan mediante beneficios fiscales, mientras que quienes cuentan con menos recursos financian íntegramente su participación política. Paradójicamente, los mecanismos creados para fortalecer la democracia terminan ampliando las desigualdades existentes.
Canadá, España, Italia y Alemania utilizan modelos semejantes, con diferencias en sus porcentajes y límites, pero con un rasgo común: los beneficios fiscales favorecen principalmente a quienes ya contribuyen más al impuesto sobre la renta. Estados Unidos constituye una excepción, ya que las donaciones políticas no reciben este tipo de incentivos tributarios.
Italia llevó esta lógica todavía más lejos mediante el denominado “dos por mil”. Los contribuyentes pueden destinar una pequeña fracción de su impuesto sobre la renta al partido de su preferencia. El problema es evidente. Quien paga más impuestos asigna más recursos políticos, mientras que quien no alcanza el umbral para tributar simplemente queda excluido del mecanismo. En la práctica, el principio democrático de una persona, un voto termina acompañado por otro mucho menos visible: un euro, un voto adicional.
Los resultados reflejan esa distorsión. Los partidos cuyos simpatizantes poseen mayores ingresos reciben proporcionalmente más recursos públicos que aquellos con bases electorales más modestas. El financiamiento termina reproduciendo las desigualdades económicas existentes en lugar de compensarlas.
El problema no radica únicamente en cuánto dinero circula en la política, sino en quién tiene la capacidad de movilizarlo. Si toda la población utilizara estos beneficios fiscales en la misma proporción que los sectores de mayores ingresos, el costo para las finanzas públicas sería simplemente insostenible. El sistema funciona precisamente porque la mayoría nunca puede aprovecharlo.
Toda democracia necesita financiamiento. Lo verdaderamente importante es decidir si ese financiamiento fortalece la igualdad política o la debilita. Cuando las reglas permiten que unos pocos aporten mucho más que el resto y, además, reciban incentivos fiscales para hacerlo, el acceso al poder deja de depender exclusivamente de los votos y comienza a depender también del patrimonio.
Panamá enfrenta hoy una discusión permanente sobre disciplina fiscal, reducción del gasto y consolidación de las finanzas públicas. Sin embargo, ese debate rara vez incluye la enorme capacidad que tienen determinados grupos económicos para moldear las políticas públicas. Mientras se exige austeridad a la mayoría, las decisiones fundamentales continúan respondiendo con demasiada frecuencia a quienes concentran los recursos financieros, la capacidad para evitar tributar y el acceso al poder. Ninguna política de consolidación fiscal será verdaderamente legítima mientras el peso del dinero siga teniendo más influencia que el peso del voto. La fortaleza de una democracia no se mide por cuánto recauda el Estado, sino por la independencia con la que es capaz de legislar frente a quienes financian la política.
El autor es médico subespecialista.
