El ritual de humillación administrativa que cada marzo inaugura el año escolar es una coreografía del absurdo. Mientras el mundo discute la inteligencia artificial, nuestros planteles activan la biopolítica de la queratina. El foco de la educación se ha desplazado de las neuronas a las raíces del folículo: directores y docentes, investidos como barberos oficiales, se dedican a escrutar cabezas masculinas y femeninas con un celo inquisitorial que roza lo patológico.
Bajo el palio de la “disciplina”, se impone una anomalía capilar: la idea de que el orden mental es proporcional a la sumisión estética. La escuela, en lugar de laboratorio de pensamiento, opera como una aduana de la apariencia donde dejar de ser es requisito para aprender. Esta vigilancia constante sobre el cuerpo de los jóvenes es un allanamiento a la soberanía individual bajo el pretexto de una uniformidad que busca invisibilizar la diferencia. Pensar que la diferencia es negativa resulta un contrasentido.
En esta patria tan pequeña, tendida sobre un istmo multicultural, el cabello tiene memoria de hierro. No es igual el bucle de la herencia colonial, que trazó rutas de escape en el cuero cabelludo bajo el látigo, que la trenza arquitectónica del antillano que llegó para la construcción del Canal, que hoy anda fichando nuevo gerente. Mezclar estas etnias (¿cuántas son?) en el saco del “desorden” o lo “no convencional” es ignorancia enciclopédica. Castigamos el mapa genético de un tercio de la población mientras celebramos con hipocresía un “Mes de la Etnia Negra”. Ante las tijeras escolares, este festejo es un permiso temporal de existencia y no un reconocimiento de ciudadanía. En marzo la represión y en mayo la celebración (y por ley). Freud, no te demores. ¿Ya atravesaste el estrecho de Ormuz?
La práctica es, en su esencia, una violación flagrante de la Constitución. El artículo 19 prohíbe la discriminación por raza, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad blinda la autonomía del estudiante sobre su propia imagen. Ningún reglamento interno puede estar por encima de la Carta Magna. Prohibir el estilo protector o la textura natural es racismo institucionalizado y una infracción a los derechos humanos que ya debería haber sido denunciada ante la Corte Suprema por inconstitucional.
La solución internacional ya ha trazado el camino. En Estados Unidos, la ley CROWN Act desterró la discriminación capilar, reconociendo que el cabello es una extensión de la raza. En Brasil, la justicia ha obligado a las escuelas a reformar sus manuales bajo pena de sanciones por racismo, elevando la estética afro a la categoría de patrimonio.
Denunciar esta práctica no es un acto de rebeldía escolar; es un deber ciudadano para subir un peldaño en la convivencia nacional. Una escuela que teme al peinado de sus alumnos confiesa su propia fragilidad intelectual. El sistema educativo debe enfocar su energía en que los niños entiendan lo que leen, no en asentir que les poden su legado. El joven castigado por su estética aprueba el examen de la realidad, mientras la república reprueba por no saber distinguir entre un reglamento escolar y un edicto de la colonia.
El autor es periodista y filólogo.
