Hablar de protección ambiental debería ser hablar de vida, de salud y de futuro. De ríos limpios, bosques vivos y comunidades seguras. Sin embargo, en Panamá, el debate ambiental se ha ido transformando en algo cada vez más selectivo, donde algunas causas generan indignación inmediata y otras, igual de graves, permanecen en silencio.
Hace unas semanas atrás, organizaciones ambientalistas denunciaron el congelamiento de sus cuentas bancarias, advirtiendo que esto pone en riesgo empleos y paraliza proyectos de conservación. La preocupación es legítima. Cada puesto de trabajo importa. Cada familia cuenta. Cuando una iniciativa se detiene, las consecuencias son reales y humanas.
Pero esa sensibilidad no siempre aparece cuando los afectados son otros.
Durante el conflicto nacional por la minería, se impulsaron campañas que difundieron información no comprobada, se alimentó el miedo y se promovieron protestas y cierres que terminaron paralizando una industria completa. El resultado fue la pérdida de miles de empleos, economías locales golpeadas y comunidades enteras sumidas en la incertidumbre. En ese momento, la palabra “impacto social” casi no tuvo espacio en el discurso ambiental.
Allí no se habló de planillas en riesgo. No se publicaron comunicados por las familias que quedaron sin ingresos. No hubo movilizaciones por los pequeños comercios que cerraron, ni por los jóvenes que tuvieron que emigrar en busca de trabajo. Ese dolor no fue tendencia.
Al mismo tiempo, Panamá sigue enfrentando problemas ambientales que afectan a miles de personas todos los días: ríos convertidos en canales de aguas negras, tala ilegal que avanza sin control, comunidades rodeadas por montañas de basura donde los desechos se desbordan cada vez que llueve y llegan hasta las casas. Estas crisis no son abstractas: enferman, empobrecen y deterioran la calidad de vida. Sin embargo, rara vez provocan la misma movilización, presión mediática o financiamiento que otros temas.
La selectividad es evidente. Se alzan voces con fuerza ante ciertas decisiones legales, pero se guarda silencio frente a problemas estructurales que llevan años destruyendo el ambiente y la salud de las personas. Se defiende el empleo cuando afecta a organizaciones específicas, pero se ignora cuando desaparecen miles de trabajos en sectores completos de la economía. Defender el ambiente no puede significar escoger causas según conveniencia, narrativa o visibilidad. La coherencia es parte esencial de cualquier lucha legítima.
Además, las consecuencias de estas decisiones no siempre son las que se prometen. Cuando se cierran actividades formales y reguladas sin alternativas reales, lo que crece es la informalidad y la ilegalidad. Y allí sí desaparecen los controles ambientales, los estudios técnicos y la fiscalización. El resultado suele ser más contaminación, más deforestación y más daño social.
Proteger la naturaleza exige una mirada integral. No se puede hablar de sostenibilidad ignorando el bienestar de las comunidades. No se puede exigir justicia ambiental desde el miedo o la desinformación. Y no se puede construir un futuro verde sobre economías rotas.
Panamá necesita un ambientalismo serio, que enfrente todos los problemas con la misma fuerza: desde la contaminación de los ríos hasta la tala ilegal; desde la crisis de la basura hasta los impactos sociales de decisiones mal planteadas.
Un ambientalismo que proponga soluciones, no solo bloqueos. Que se base en datos, no en pánico. Que defienda tanto la naturaleza como a las personas.
Porque cuando la defensa del ambiente se vuelve selectiva, deja de ser una causa colectiva y se convierte en una agenda parcial.
Y el precio de esa incoherencia lo pagan, una y otra vez, las comunidades más vulnerables y el futuro del país.
La autora es bioquímica y bióloga molecular.
