Panamá está ante una oportunidad histórica con el Proyecto de Ley N.° 617. Una de esas decisiones que no se pueden maquillar ni postergar, porque lo que está en juego no es un sistema… son vidas.
He tenido el privilegio de participar en espacios internacionales, de sentarme en mesas donde se habla de derechos, inclusión y futuro. He sido parte del panel de expertos de la ONU en Ginebra sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y, tras años de abogar como activista, recibo con esperanza este avance.
Pero hoy no escribo desde ahí. Hoy escribo como madre. Desde el lugar donde las leyes dejan de ser teoría y se convierten —o no— en soluciones reales.
En 2016, Panamá dio un paso importante con la Ley 15, que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a una educación dentro del sistema regular, con los apoyos necesarios. Sobre el papel, suena correcto. En la práctica, seguimos esperando.
Casi diez años después, las familias continúan enfrentando barreras invisibles, procesos interminables y una sensación constante de estar pidiendo un favor… cuando lo que corresponde es un derecho.
El Proyecto de Ley 617 acierta en algo clave: reconocer la neurodivergencia es avanzar en la forma en que entendemos a nuestros estudiantes. Pero se queda corto en lo estructural. Y ahí está el problema.
Seguimos operando con dos sistemas paralelos —IPHE y Meduca— que, en lugar de sumar, muchas veces duplican, diluyen y retrasan. El resultado: niños atrapados en un limbo burocrático mientras el tiempo escolar avanza sin ellos.
Las familias no necesitan más puertas. Necesitan una sola respuesta.
Integrar los recursos del IPHE dentro del Meduca, bajo una dirección clara de inclusión, no es una amenaza. Es una necesidad. Se trata de mantener la especialización, sí, pero con una sola responsabilidad institucional. Porque cuando todos son responsables, nadie responde. Tampoco se trata de cerrar el IPHE, como muchos acusan, sino de reestructurarlo para que sea un verdadero instituto habilitatorio.
Otro punto que no podemos seguir ignorando: la inclusión no termina en la escuela. No termina con un diploma de secundaria.
Una persona con discapacidad tiene el mismo derecho a soñar con ser ingeniera, abogada, técnica o lo que quiera ser. Y eso implica acceso real a la educación superior y técnica. No simbólico. Real.
Hablar de un cupo reservado es apenas el inicio. Lo verdaderamente importante es garantizar que existan los apoyos: tutores, tecnología asistiva y accesibilidad. Porque de nada sirve abrir la puerta si el camino sigue siendo imposible de transitar.
Y aquí entra otro tema incómodo: la tecnología.
No puede seguir siendo vista como un lujo. Es un puente. Pero solo si se diseña bien. No basta con entregar computadoras. El software tiene que hablar para quien no ve, subtitular para quien no oye y adaptarse para quien aprende distinto.
La inclusión no se improvisa. Se construye. Y toma tiempo y voluntad.
Finalmente, necesitamos una ley que funcione. No una que suene bien.
Prohibir la exclusión no es suficiente si no existen mecanismos claros, rápidos y efectivos para actuar cuando ocurre. Las familias no pueden pasar meses tocando puertas mientras sus hijos pierden un año escolar.
No estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo coherencia.
Hago un llamado a la Comisión de Educación —y a quienes tienen hoy la responsabilidad de decidir— a escuchar no solo a los expertos, sino también a las familias. A quienes viven esto todos los días, lejos de los discursos.
Panamá tiene la oportunidad de hacer algo bien. De verdad.
De poder decir, sin adornos, que la inclusión aquí no es un favor. Es un derecho que se cumple.
Y nuestros niños con alguna condición no pueden seguir esperando.
La autora es exprimera dama de la República, activista, comisionada experta CRPD y presidenta Best Buddies Panama.
