Eran las primeras horas del día y la bandera ya ondeaba en manos de un estudiante; en cuestión de minutos, aquel gesto cambió la historia. Muchos panameños guardamos relatos familiares de jóvenes que cruzaron la frontera de la Zona del Canal para izar la enseña nacional y cantar el himno, una acción que pasó de simbólica a decisiva en muy poco tiempo. El monumento a los mártires del 9 de enero, en el antiguo Balboa High School, y las placas conmemorativas ubicadas en distintos municipios recuerdan a quienes perdieron la vida aquel día. Historiadores locales han recogido testimonios que coinciden en que la acción estudiantil fue el detonante inmediato de los choques con residentes y autoridades zoneítas.
Los acontecimientos que siguieron dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, y transformaron la protesta en una tragedia nacional. El episodio provocó consecuencias diplomáticas inmediatas e impensables, que alteraron las relaciones bilaterales y marcaron un hito en la lucha por la soberanía. Aquella jornada quedó inscrita como el Día de los Mártires, símbolo de sacrificio y dignidad. Entre los rostros que la memoria colectiva y los monumentos han preservado figuran jóvenes cuyos nombres evocan orgullo: Ezequiel González Meneses y Ascanio Arosemena son apenas dos ejemplos. En estas líneas no puedo nombrarlos a todos, por lo que invito a consultar los libros de historia patria y los espacios que honran a quienes dieron su vida por la nación.
Para comprender esta gesta en su dimensión pública, recuerdo una enseñanza recibida a los quince años, en una clase de Relaciones entre Panamá y Estados Unidos en el Colegio Javier: conocer la propia historia es indispensable para construir un mejor presente. El profesor Porfirio de la Cruz Samudio transmitió esa idea —reiterada por numerosos historiadores— con una claridad que me ha acompañado desde entonces. Bajo esa luz, la conmemoración no es un acto meramente ceremonial, sino un ejercicio de identidad y aprendizaje cívico que sigue teniendo plena vigencia.
El heroísmo del 9 de enero no se agota en el sacrificio: deja también una lección de compromiso cívico. Aquellos jóvenes actuaron por amor a su país y por un llamado a una dignidad compartida. Su ejemplo plantea un imperativo moral para la política contemporánea: que el fervor nacional conduzca a acciones en beneficio de la sociedad, y no a intereses particulares ni a retóricas vacías. Hoy, en medio de un ecosistema político y social fracturado, cabe preguntarnos si nuestras pasiones cívicas son tan generosas como las de quienes salieron a las calles en enero de 1964.
Como contribución a la conversación nacional, propongo tres líneas abiertas a sugerencias y ajustes según las circunstancias del país. Primero, en el ámbito de la educación cívica, revisar el currículo nacional para incorporar módulos sobre el 9 de enero, sus causas, consecuencias y ejercicios de pensamiento crítico, responsabilidad que recae principalmente en el Ministerio de Educación. Segundo, en el plano del diálogo público, considerar la creación de una mesa nacional permanente con objetivos claros y registros públicos, desarrollada en conjunto por la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y las universidades, con participación del sector privado y organizaciones cívicas. Tercero, en materia de rendición de cuentas, fortalecer indicadores de impacto social —muchos de los cuales ya se miden— mediante la coordinación entre la Contraloría, la academia y la sociedad civil.
Estas propuestas se presentan con humildad y vocación de diálogo. No buscan imponer soluciones, sino aportar caminos prácticos para que la memoria se convierta en brújula de políticas públicas.
Honrar a los mártires del 9 de enero exige más que recordar sus nombres: demanda responsabilidad pública, parámetros medibles y voluntad colectiva para priorizar el bien común sobre intereses particulares. La memoria puede señalar el norte; depende de nosotros seguirla con coherencia y valentía.
El autor es comunicador y empresario.
