En Panamá, tomar un bus y trasladarse de un sitio a otro debería ser un acto cotidiano que inspire seguridad y confianza. Sin embargo, cada accidente de tránsito que involucra transporte colectivo nos recuerda una verdad incómoda: el sistema que moviliza a miles de panameños todos los días sigue operando con fallas que cuestan vidas.
No partimos de cero. Panamá cuenta con la Ley 14 de 1993, que define el transporte terrestre público como un servicio de interés público, con una obligación clara: trasladar al pasajero sano y salvo a su destino. Sobre el papel, el principio es correcto; en la práctica, es insuficiente y exige mayor fiscalización.
El problema no es únicamente la ausencia de normas, sino su desactualización y, sobre todo, su débil cumplimiento. Mientras otros países han avanzado hacia sistemas de monitoreo con GPS en tiempo real, controles de velocidad y seguimiento de rutas, en Panamá seguimos dependiendo en gran medida de mecanismos tradicionales que no responden a la complejidad actual del transporte.
La tecnología existe y está al alcance. Mejorar un servicio básico como el transporte no es opcional; es la diferencia entre prevenir y lamentar la pérdida de más vidas. Hoy es posible saber, en tiempo real, a qué velocidad circula un bus, si el conductor excede los límites permitidos, si ha sobrepasado el tiempo tras el volante o si realiza maniobras de riesgo. Países de la región, como Chile, ya lo hacen. No como un mayor gasto operativo, sino como una obligación. Entendieron algo esencial: la seguridad vial no depende solo de quien conduce, sino del sistema que lo supervisa.
En Panamá, aunque existen disposiciones que exigen controles de velocidad y condiciones mínimas de seguridad, la fiscalización sigue siendo el eslabón más débil. Sin monitoreo constante, sin sanciones efectivas y sin una cultura de cumplimiento, la norma pierde sentido. También es clave la revisión técnica frecuente de los buses y el monitoreo de su vida útil.
Aquí el debate debe elevarse, sin importar intereses políticos o económicos. No se trata únicamente de endurecer leyes o sobrerregular el sistema, sino de modernizarlo en favor del usuario e incorporar herramientas que permitan prevenir tragedias antes de que ocurran.
¿Qué ha funcionado en otros países? Primero, hacer obligatorio el uso de GPS y monitoreo en tiempo real en todo el transporte colectivo, no como recomendación sino como requisito para operar. Segundo, establecer evaluaciones periódicas —médicas y psicológicas— para los conductores, junto con límites estrictos de horas de conducción, porque la fatiga también mata.
Tercero, fortalecer el rol de la autoridad reguladora, dotándola de capacidad técnica y autonomía para fiscalizar. La ley sin supervisión es solo una declaración de intenciones. Además, las empresas concesionarias deben operar bajo estándares técnicos estrictos. Cuarto, aplicar sanciones que realmente disuadan. Hoy, en muchos casos, incumplir sigue siendo más barato que cumplir. Eso debe cambiar.
Regular el transporte colectivo no es una medida burocrática. Brasil lo ha demostrado con un modelo que combina regulación, concesiones competitivas y tecnología obligatoria. Es una política de Estado.
Cada bus que circula sin control adecuado es un riesgo potencial. Cada omisión institucional es una oportunidad perdida para prevenir.
La pregunta no es si debemos reformar el sistema, sino cuánto tiempo más estamos dispuestos a esperar. Porque cuando se trata de transporte público, la seguridad no puede ser una aspiración; debe ser una garantía.
El autor es doctor en economía y docente universitario.
