En el evento “Educación y Futuro Laboral”, organizado por esta casa editorial, se indicó, entre otras informaciones, que “el 72% de la población panameña no tendrá las competencias necesarias para los empleos del futuro” hacia el año 2030.
Esa afirmación prospectiva, que por sí sola resulta desgarradora, se basa fundamentalmente en la brecha entre educación, productividad y bienestar.
Si bien tal diagnóstico debería mover a cualquier persona racional a actuar para impedir que ese vaticinio se cumpla, cinco honorables diputados se niegan a modificar ese destino. Desde que decidieron archivar dos anteproyectos de ley remitidos a la Asamblea Nacional por el procurador general de la Nación, cuyo objetivo era mitigar la impunidad, han dejado clara su posición: prefieren mantener leyes ineficaces para sancionar de manera efectiva a quienes delinquen, especialmente contra el Estado.
Su norte es evidente: perpetuar la impunidad.
Esa conducta, al final del camino, constituye un desprecio hacia los panameños afectados por la asimetría estructural del país y favorece la continuación de la expoliación al Estado, lo que, por simple aritmética, reduce los recursos destinados a la educación.
