La pérdida de control estatal sobre los centros penitenciarios es uno de los signos más graves de debilitamiento institucional y de erosión del Estado de Derecho en América Latina. Cuando la autoridad penitenciaria deja de ejercer un control efectivo sobre la población privada de libertad, las cárceles pasan a ser espacios dominados por organizaciones criminales, que imponen sus propias reglas, jerarquías y mecanismos de coerción. Este fenómeno, ampliamente documentado en la región, pone de manifiesto fallas estructurales en la gestión penitenciaria, la seguridad pública y la gobernanza democrática.
Autores como David Garland, autor de The Culture of Control, han estudiado las crisis de gobernabilidad penal de los Estados contemporáneos. Por su parte, Loïc Wacquant, en su obra Las cárceles de la miseria, advierte que la prisión puede convertirse en un espacio de exclusión y violencia estructural cuando el Estado abandona su función reguladora. En ese vacío institucional, las organizaciones criminales ocupan el control interno: administran pabellones, regulan la convivencia, imponen castigos, cobran extorsiones y gestionan economatos y servicios básicos. Así, la prisión deja de ser un instrumento de la política penal y se convierte en un centro de operaciones delictivas desde el que se planifican homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y atentados dentro de redes criminales transnacionales.
En Brasil, el Primeiro Comando da Capital surgió y se consolidó en las prisiones de São Paulo tras la masacre de Carandiru, convirtiendo los penales en centros de mando criminal. Fenómenos similares se observan con el Comando Vermelho y, en Centroamérica, con las maras salvadoreñas (MS-13 y Barrio 18), que históricamente han utilizado las cárceles para reorganizarse y dirigir operaciones externas. En estos contextos, la violencia interna se intensifica: disputas entre bandas, masacres, motines y ejecuciones selectivas se vuelven recurrentes.
Michel Foucault, en Vigilar y castigar, ya advertía que la prisión puede reproducir y amplificar la violencia cuando el Estado abdica de su función disciplinaria. En la misma línea, Guillermo O’Donnell describió las “zonas marrones” como territorios donde el Estado no ejerce una autoridad efectiva; las cárceles sin control estatal son una expresión extrema de ese fenómeno. A ello se suma la corrupción sistemática, que facilita el ingreso de armas, drogas, teléfonos celulares y drones, y refuerza aún más el poder de los grupos criminales.
Al mismo tiempo, colapsa la función resocializadora de la pena. Bajo el dominio criminal, los programas educativos, laborales y de tratamiento criminológico desaparecen o se reducen al mínimo, mientras el hacinamiento agrava la insalubridad y multiplica las violaciones de derechos humanos. Autores como Alessandro Baratta, Eugenio Raúl Zaffaroni y Manuel Iturralde han documentado este fracaso estructural de los sistemas penitenciarios latinoamericanos en su misión de reinserción social.
Uno de los síntomas más alarmantes de esta pérdida de control es el aumento de fugas y evasiones. Cuando los grupos criminales dominan los penales, las fugas dejan de ser hechos aislados y pasan a ser operaciones planificadas con apoyo interno y externo, mediante túneles, motines, ataques armados o corrupción de funcionarios. Estudios de Elena Azaola sobre las cárceles mexicanas y de Camila Dias sobre el PCC en Brasil confirman que estas evasiones responden a estrategias organizadas.
Un ejemplo reciente ocurrió el 1 de junio de 2026 en el Centro Penitenciario La Joyita, en Panamá. Durante un operativo de redistribución y reclasificación de internos, se produjo un motín que derivó en una fuga masiva. El hecho dejó al menos tres reclusos muertos, varios heridos, entre ellos agentes policiales y cientos de personas privadas de libertad evadidas, aunque las autoridades lograron recapturar a un número importante en las horas posteriores.
Cada fuga exitosa refuerza el prestigio de la organización criminal, debilita la moral institucional y alienta nuevas evasiones, generando un círculo vicioso de inseguridad. Sus efectos superan los muros penitenciarios: los fugitivos suelen reincorporarse con rapidez a actividades delictivas, reorganizar células operativas o ejecutar represalias, lo que alimenta nuevas olas de violencia urbana, atentados y extorsiones, como se ha observado en México y Ecuador. Desde el punto de vista institucional, este fenómeno erosiona gravemente la confianza ciudadana en el sistema penal y en la capacidad del Estado para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. Además, alimenta discursos punitivistas y respuestas reactivas, como la militarización o los estados de excepción, que rara vez enfrentan las causas estructurales del problema: hacinamiento, corrupción endémica, falta de personal capacitado y políticas de encarcelamiento masivo sin inversión en reinserción y rehabilitación.
Revertir esta situación exige soluciones estructurales. Entre ellas destacan la profesionalización del personal penitenciario, el uso de tecnología avanzada como escáneres corporales, inhibidores de señal, cámaras con inteligencia artificial y sistemas de monitoreo continuo, así como la separación efectiva de bandas rivales. También es indispensable reducir el hacinamiento mediante nueva infraestructura y el uso amplio de medidas alternativas a la prisión para delitos de menor gravedad. A esto debe sumarse un combate frontal a la corrupción, con auditorías permanentes, mejores salarios y mecanismos de denuncia protegida. Asimismo, se requieren programas reales de reinserción que incluyan educación, formación laboral, tratamiento de adicciones y seguimiento postpenitenciario. Todo ello debe articularse con mayor inteligencia y coordinación entre la policía, los servicios de inteligencia y el sistema penitenciario para anticipar motines y fugas.
En definitiva, cuando el Estado pierde el control de las cárceles, no solo fracasa la política penitenciaria: también se compromete el orden jurídico, se fortalecen poderes paralelos y se agrava la inseguridad pública. Recuperar el control efectivo no es solo una cuestión operativa, sino una condición esencial para la vigencia del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos.
El autor es abogado, docente y doctor en Derecho.
