Hace pocos días conversé con un grupo de médicos internos que acababan de presentar el examen de certificación. Salían con la mirada baja; algunos habían reprobado. Y quiero empezar por ellos, defendiéndolos: no son muchachos flojos ni mal formados. Velaron noches enteras, hicieron sus rotaciones en hospitales de provincia y saben reconocer a un paciente grave apenas cruza la puerta. Detrás de cada número que dice “reprobado” hay, casi siempre, un buen médico.
Seré justa con el examen, porque también tiene su mérito. La prueba que rinden nuestros graduandos, el IFOM, del National Board of Medical Examiners de Estados Unidos, la misma institución del USMLE, es seria y rigurosa. Su llegada elevó el nivel de nuestra enseñanza, obligó a las escuelas a centrar la formación en el paciente y nos alineó con parámetros internacionales. No estoy en contra del rigor; en medicina, donde se trabaja con vidas humanas, el rigor no se negocia.
Mi reparo no es con el examen. Es con lo que hacemos con él. Una cosa es usar una prueba internacional como termómetro académico y otra muy distinta es convertirla en el portón obligatorio que decide quién puede ejercer. Y aquí está el dato que debería abrirnos los ojos: eso, prácticamente, solo lo hace Panamá.
Investigué lo que hacen otros países y el contraste es revelador. Chile evalúa a sus médicos con el EUNACOM, un examen nacional hecho por sus propias facultades y respaldado por ley. México los habilita con el título y la cédula profesional, y sus exámenes de residencia y especialidad son mexicanos. España licencia con el título y la colegiación, y su examen nacional es el MIR. Brasil, Argentina y Uruguay habilitan con el título y el registro ante su colegio profesional. Todos confían esa decisión a organismos propios, con instrumentos anclados en su propia realidad. El IFOM se usa en varios de esos países, pero como herramienta interna de las universidades, no como la puerta de entrada a la profesión. Fuimos el primer país en traerlo y somos casi el único que lo volvió obligatorio para otorgar la idoneidad.
Ahí está la injusticia. A nuestros muchachos los medimos con una vara pensada para otra realidad. Cuando el examen presenta a un adulto con tos y sangre en el esputo, la “mejor respuesta” responde a la epidemiología estadounidense; pero aquí, con nuestra carga de tuberculosis, el razonamiento del buen médico panameño apunta muchas veces hacia otro lado. No porque se equivoque, sino porque conoce a su gente.
Y los números, sin exagerar, lo confirman. En Estados Unidos, los graduados de sus propias escuelas aprueban el examen equivalente en cerca del 96% al primer intento y, para pasar, deben acertar alrededor del 60%. En Panamá, con un umbral de aprobación más bajo, cercano al 41.5%, la mitad de nuestros estudiantes ha quedado en el camino a lo largo de una década. Cuando el listón es más bajo y, aun así, tantos caen, el problema no es solo de preparación: es de la vara con que medimos.
Porque ¿para qué formamos médicos en Panamá? El muchacho que estudia en Chiriquí se prepara, ante todo, para servir en Chiriquí. El de Veraguas, para Veraguas. Nuestras necesidades están en las comarcas, en los corregimientos lejanos, en las áreas de difícil acceso donde, a veces, el único médico en kilómetros es ese joven recién graduado. No formamos médicos para exportarlos a Boston o a Toronto; los formamos para el paciente panameño que espera en el banco de un centro de salud o en la sala de espera de nuestros hospitales.
Reconozco el valor del examen y no pido rebajar la exigencia. Pido algo distinto: que dejemos de ser, quizás, el único país que obliga a sus propios hijos a saltar una cerca extranjera para poder cuidar de su propia gente.
Podemos construir una certificación rigurosa y, a la vez, nuestra. Nuestros médicos recién graduados merecen ser medidos por lo que de verdad van a enfrentar. Eso no es rebajar la medicina panameña. Es, por fin, hacerle justicia.
La pregunta que dejo abierta, y que me parece justo hacernos como país, es sencilla: ¿con la vara de quién estamos midiendo a quienes cuidarán de nuestra gente? Porque detrás de cada número que dice “reprobado” puede haber no un médico incapaz, sino un buen médico evaluado con la regla equivocada. Y esa distinción, en un país con tantas necesidades de salud, no es un detalle: es una decisión sobre el futuro de nuestra medicina.
La autora es médica en ejercicio en la Caja de Seguro Social, provincia de Chiriquí.
