¿Cuándo comienza una agresión contra un Estado? La respuesta parece sencilla: cuando cruza una frontera, moviliza un ejército o dispara el primer proyectil. Sin embargo, el siglo XXI nos obliga a formular una pregunta distinta.
¿Qué ocurre cuando un país logra afectar la economía, la soberanía y la capacidad de decisión de otro sin cruzar una sola frontera y sin violar claramente el derecho internacional?
Ese es, quizás, uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Durante décadas aprendimos a identificar el poder por la fuerza militar. Hoy el poder también se ejerce mediante inspecciones portuarias, inversiones estratégicas, cadenas de suministro, control logístico, acceso a recursos naturales y una utilización extraordinariamente inteligente de los márgenes que permite el derecho internacional.
No siempre se necesita romper las reglas. A veces basta con conocerlas mejor que los demás. Panamá conoce bien esta realidad.
Después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el régimen contractual de los puertos de Balboa y Cristóbal, las autoridades portuarias chinas comenzaron a detener e inspeccionar de manera inusualmente frecuente buques con bandera panameña. En marzo, 92 de los 124 barcos retenidos en puertos chinos navegaban bajo nuestro pabellón. Oficialmente, Pekín explicó que se trataba de inspecciones técnicas rutinarias. Jurídicamente, tiene derecho a inspeccionar los buques que ingresan a sus puertos. Pero cuando una facultad legítima se ejerce de manera selectiva, la percepción cambia.
La medida deja de verse únicamente como un procedimiento administrativo y comienza a parecer un instrumento de presión política.
Perú enfrenta una situación distinta, pero el patrón resulta sorprendentemente familiar.
Cada año, centenares de embarcaciones de pesca de aguas distantes, principalmente de origen chino, operan inmediatamente fuera de las 200 millas de su Zona Económica Exclusiva. No ingresan ilegalmente a aguas peruanas. Permanecen justo donde el derecho internacional les permite estar.
Pero desde allí capturan enormes cantidades de calamar gigante, un recurso migratorio del que dependen miles de familias peruanas y una importante industria nacional.
La discusión ya no es únicamente jurídica. Es estratégica.
Porque cuando una flota industrial puede explotar un recurso antes de que alcance las aguas donde otro Estado obtiene su beneficio económico, la frontera legal deja de coincidir con la frontera del impacto económico.
Taiwán ofrece una tercera manifestación del mismo fenómeno.
Las patrullas permanentes de la Guardia Costera china, las inspecciones a embarcaciones civiles y las operaciones alrededor de la isla suelen presentarse como acciones administrativas destinadas a proteger la seguridad marítima y ejercer funciones soberanas. Para Beijing, son actividades normales. Para Taipéi, representan una estrategia destinada a normalizar una jurisdicción que nunca ha sido aceptada por la otra parte.
Cada operación, observada de forma aislada, parece menor. Todas juntas modifican lentamente la realidad estratégica. Y allí aparece una pregunta que Panamá haría bien en plantearse: ¿Estamos observando hechos aislados o una nueva forma de ejercer poder internacional?
Quizás el mayor error sería analizar cada caso por separado. Panamá piensa en barcos, Perú piensa en pesca y Taiwán piensa en seguridad.
Sin embargo, los tres enfrentan una lógica común: utilizar herramientas perfectamente legales para aumentar progresivamente la capacidad de influencia sobre otros Estados sin recurrir a una confrontación abierta.
Eso obliga a revisar una antigua idea. Durante siglos repetimos que el derecho internacional existía para limitar el poder.
Hoy comenzamos a descubrir que las grandes potencias también pueden utilizar ese mismo derecho para ampliar su influencia, explotando vacíos normativos, diferencias regulatorias y mecanismos administrativos que, individualmente, resultan difíciles de cuestionar.
No se trata de demonizar a China. Es una potencia económica indispensable para el comercio mundial y continuará siendo un actor central del sistema internacional. Panamá necesita mantener una relación madura, respetuosa y pragmática con Beijing, como la mantiene con cualquier otra gran potencia.
Pero la madurez diplomática también exige reconocer la realidad tal como es. Comerciar no significa idealizar. Cooperar no significa ignorar. Y mantener relaciones diplomáticas nunca debe impedir realizar un análisis estratégico objetivo.
Las naciones pequeñas rara vez pueden modificar el comportamiento de las grandes potencias. Lo que sí pueden hacer es comprender sus métodos antes de convertirse en sus próximas víctimas.
Porque quizá la mayor lección geopolítica del siglo XXI sea esta: No todas las formas de coerción comienzan con un acto ilegal. Algunas comienzan cuando la ley deja de proteger el equilibrio y empieza a convertirse en una herramienta de poder.
El autor es empresario y analista geopolítico.
