Hoy por hoy

El 18 de julio de este año, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia concluyó, en decisión unánime, que es ilegal el traspaso de un bien público que se convertiría en un desarrollo inmobiliario en la bahía de Panamá, aprobado por el Consejo de Gabinete en 2013. Correctamente, los magistrados interpretaron el artículo 258 de la Constitución Política, que establece que estos bienes son propiedad del Estado y no se pueden enajenar. Por consiguiente, anularon aquella decisión. Las islas ya existen. Como en otras ocasiones, la Corte vuelve a fallar tarde, increíblemente tarde, al igual que con la mina de Donoso, el PH Independencia y tantos otros casos en los cuales no hubo justicia, porque la Corte Suprema ha decidido que no la respeten. Todos los días, sus fallos son ignorados por diputados y otros funcionarios que actúan libremente en una tierra que parece no tener ley ni orden. No hay seguridad jurídica. En un país serio, el Estado recuperaría el dominio de las islas, indemnizaría a sus dueños y sacaría el mejor provecho público. Este no es ese país. Aquí no hay justicia.