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Después de un década de farra con las finanzas públicas, que incluyó presupuestos faraónicos, megaobras con adendas y un crecimiento exagerado de la planilla de servidores públicos, tanto en cantidad como en salarios, llegó la hora de pagar las cuentas. El ministro de Economía del nuevo gobierno ha aplicado una contención del gasto público por 1,483 millones de dólares para este año y busca que el déficit fiscal autorizado con la ley de responsabilidad social fiscal pueda ascender a 3.5% del producto interno bruto. Históricamente, los gobiernos han apostado a modificar dicha ley para satisfacer el presupuesto y así cumplir con sus compromisos políticos, en lugar de manejar los ingresos y gastos conforme a los márgenes legales. Algunos parecen no entender la gravedad de los hechos. Según la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, las entidades del Estado que han desfilado ante dicha Comisión han pedido 2 mil millones de dólares por encima de lo recomendado por el MEF. La opción del país no es seguir gastando sin criterios y a manos llenas, nombrando co-partidarios con altísimos salarios, sino gobernar con responsabilidad y diligencia. Si seguimos así, el peso de la deuda pública se convertirá en el ancla que detenga el crecimiento de Panamá y provoque problemas similares a los del vecindario latinoamericano. Está claro que la fiesta se acabó y ahora toca recoger los platos rotos.

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