La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) suspendió la tramitación de 200 solicitudes de titulaciones de propiedades en Darién. La razón es la proliferación de estos trámites en áreas protegidas, lo que causa deforestación y otros problemas sociales y ambientales. Por ejemplo, la Anati descubrió que en el área de vida silvestre de la laguna de Matusaragatí ya se habían inscrito 201 títulos de propiedad, a pesar de que la Constitución Política lo prohíbe. Es justo sospechar que lo ocurrido en Darién se pudo repetir en otras áreas protegidas del país.
Cada título de esta naturaleza implica corrupción por parte de una larga cadena de funcionarios, que usualmente amparados por padrinos políticos, proceden a liquidar a destajo los bienes del país. La Anati, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Ambiente deben proteger celosamente los últimos bosques que nos quedan a los panameños.
Las tierras del Estado no son moneda de cambio, sino una reserva para el futuro. Este negociado de tierras es un cáncer que amenaza la salud de los suelos y del ambiente en Panamá.
