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Triste licitación la de una carretera en Chiriquí, cuyos participantes fueron empresas involucradas en escándalos de corrupción. Aunque se acogieron a acuerdos de colaboración eficaz, en el fondo esta nueva contratación pública es un premio a la corrupción. Nadie es ingenuo para pretender que se eliminen los acuerdos de colaboración. Por el contrario, esta herramienta ha permitido avances en casos de corrupción de alto perfil. Y si bien los testimonios de sus representantes ayudan a aclarar los casos, las consecuencias de lo que hicieron al corromper funcionarios es insuficiente. Una multa y aquí no ha pasado nada ofende a la conciencia ciudadana, en especial porque el perjuicio al Estado en muchas ocasiones es superior a las multas que se imponen si consideramos que sus ofertas –por lo general onerosas– son elegidas por encima de proyectos de costos más razonables. Sin embargo, ese perjuicio no es incluido cuando se impone la multa. Se requiere de sanciones más balanceadas con las empresas que cooperen con la justicia: que pasen por una suspensión temporal para contratar con el Estado y, a la vez, sanciones persuasivas que eviten que la corrupción sea la llave para “ganar” licitaciones.

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