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Esta semana empieza la recta final del proceso de aprobación del proyecto de ley de las Asociaciones Público Privadas (APP). Una norma balanceada y moderna ayudaría a Panamá en la tarea de atraer inversiones extranjeras de calidad, a la vez que descargaría un peso importante de los hombros del presupuesto nacional y generaría empleos muy necesarios en la actual coyuntura que vive el país. El proyecto aprobado en segundo debate contiene importantes debilidades que deben ser atendidas. Por una parte, los diputados se incluyeron en la directiva del ente rector de las APP, creando una grave distorsión que se presta al clientelismo político. Por otra parte, se eliminaron las restricciones a las personas naturales o jurídicas condenadas por corrupción. Además, el esquema de las APP se presta a conflictos de intereses y a falta de transparencia, al no incluir actores claves como los municipios o los beneficiarios finales de los proyectos. Como lo ha señalado el procurador de la Administración, este proyecto no incorpora los últimos avances internacionales en la lucha contra la corrupción. Las APP pueden ser un gran mecanismo para mejorar la calidad de muchos servicios públicos. Si no se establecen buenas reglas, faltará la gestión integra de las APP, y se convertirán en otra oportunidad perdida.

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