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La Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley No. 50 que eliminaría la facultad del Ministerio Público de ordenar detenciones preventivas en los casos que todavía siguen con el sistema inquisitivo mixto. La propuesta fue presentada por el diputado Hernán Delgado, del partido Cambio Democrático, quien también fue el gestor de la exigencia de prueba sumaria para procesar a los diputados, contenida en la Ley 55 de 2012. A primera vista parece inofensiva, pero hay que estar vigilantes de cualquier camarón legislativo, que libere a los detenidos en los casos de alto perfil, o incluso dé al traste con la extradición de aquellos investigados que huyeron al extranjero para evitar la acción de la justicia. Es claro que el proyecto clava otra estaca en el cuerpo del Ministerio Público, entidad que se ha convertido en una molestia para los políticos corruptos y sus secuaces. El nefasto precedente de la Ley 55 de 2012, que blindó a los diputados, debe ser suficiente para evitar otro gol que derrote por completo a la lucha contra la gran corrupción.

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