Hoy por hoy

El ministro de Seguridad ha puesto de manifiesto la intención del gobierno del presidente Laurentino Cortizo de buscar una modificación al Código Procesal Penal para actualizar la capacidad del Estado de enfrentar la ola de delincuencia que azota al país. Aunque este instrumento legal tiene carencias importantes, la situación de la justicia en el país evidencia fallas sistémicas. Así, Panamá tiene jueces de garantías y de juicio que son interinos, nombrados sin la adecuada capacitación ni supervisión para los cargos que desempeñan. Igualmente, los juzgadores ignoran normas legales, o se desentienden del sentido común y los criterios de la razón. Sin embargo, la lucha contra la delincuencia requiere de un mayor presupuesto para los investigadores, los fiscales y los tribunales, que a la vez, con un saneamiento de la corrupción en el sistema de justicia, le puedan ofrecer al país la certeza del castigo de los culpables, y la efectiva defensa de la sociedad. De lo contrario, el reino de la impunidad extenderá sus garras hasta que se agote la institucionalidad y todos quedemos expuestos a la ley del más fuerte o del más corrupto.