“Como está, no está funcionando. Es un órgano que nos cuesta bastante dinero a los países para [solo] tener recomendaciones. Mi propuesta va más allá”, dijo Alejandro Giammattei, presidente electo de Guatemala, refiriéndose al Parlamento Centroamericano (Parlacen). El político no descarta abandonar el organismo regional si no se hacen reformas para que sus decisiones sean de carácter vinculante en cada país, es decir, que se incorporen como leyes. Es lo más sensato que que se puede hacer con un organismo inoperante, caro –porque de él nada sale que sea de obligatorio cumplimiento– y, en el caso de Panamá, solo ha servido y sirve como guarida de políticos con cuentas que ajustar con la justicia. Entre el Parlacen y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estos sujetos han burlado la ley. Aunque tuvo sus inicios como un ente integracionista, en la práctica ha sido un rotundo fracaso. Es la excusa para que los políticos reciban dinero del Estado sin ganarlo; para hacer turismo; para buscar inmunidad, pero, en ningún caso, para que el país se beneficie de su existencia. Panamá debe adherirse a la propuesta del gobernante electo de Guatemala, y si no hay consenso en lo que se plantea, nuestro país debe buscar los mecanismos legales para renunciar a este. Ya está bueno de que los que buscan no ser procesados en Panamá se cobijen bajo el ancho manto de la inmunidad que obtienen al ser miembros del Parlacen, incluso antes de ser juramentados para ocupar el cargo.
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18 ago 2019 - 05:00 AM
