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La justicia es uno de los pilares del bienestar de una sociedad, y de la competitividad de su economía. En el caso de la panameña, existen importantes barreras que debe superar el aparato judicial, para estar a tono con los tiempos y las expectativas de los ciudadanos. Aparte del evidente y espinoso tema de la corrupción, existe un lastre muy pesado que marca la huella de la justicia sobre la sociedad panameña: su lentitud. En el año 2013, algunos vecinos de Punta Paitilla pidieron la nulidad de una resolución ambiental que autorizó la construcción de dos torres de 40 pisos cada una. Con una tardanza de seis años, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia encontró que los residentes molestos con las torres tenían razón. Las edificaciones ya están construidas y próximas a ser ocupadas. El efecto real de la sentencia es totalmente injusto. Hay bancos, empresas aseguradoras, subcontratistas, y hasta clientes, que pueden haber adquirido propiedades en preventa, que se verían afectados por una demolición. ¿Por qué la tardanza? Los tribunales panameños ven decenas de miles de casos que rebasan su capacidad, lo que le transfiere el costo de los daños de la mora judicial a los ciudadanos. Bien dice el refrán: “justicia tardía no es justicia”. Eso es lo que pasa con una gran cantidad de juzgados y tribunales, que no son capaces de producir resultados a tiempo, para proteger los derechos de las personas que conviven en esta nación.

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