Hoy por hoy

El subsidio a la tarifa eléctrica está fuera de control. Los cálculos hechos para ese rubro están alejados de la realidad y ahora el Gobierno tendrá que hacer malabares para ver de dónde saca los millones que costará hacerle frente a deudas adquiridas sin ton ni son. El hecho es que ese paternalismo del que hacen gala los políticos, con el único afán de complacer, evidencia una supina negligencia en el uso de los recursos del Estado. Ahora, con un déficit fiscal que a finales de año podría estar cerca del doble de lo permitido por ley, los costos de esta aventura se hacen desquiciantes. Pero, además, las distribuidoras parecen estar muy contentas con estos desatinos, pues cobrarán, incluso, ofreciendo servicios claramente mediocres, con fluctuaciones de energía, con apagones y falta de mantenimiento en sus equipos, que provocan afectaciones a terceros sin mayores consecuencias. Y si fuera poco este desalentador panorama, el Gobierno ha designado como director de la Autoridad de los Servicios Públicos a un abogado penalista, más conocido por sus argumentos en favor de la declinatoria de competencia de la Corte Suprema en el caso Martinelli que por alguna actuación en el tema energético. Es el resultado de décadas de conflictos de interés y de politiquería.