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La propuesta de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas preparada por el nuevo gobierno tiene importantes aportes y avances frente a la situación actual. Se eliminan las evaluaciones separadas del precio y de las condiciones técnicas de las ofertas, lo que hace más transparente el proceso de licitación. El borrador también excluye de las contrataciones a las empresas que hayan suscrito acuerdos de colaboración judicial, pero esto no es retroactivo, por lo que Odebrecht y otras constructoras que formaron parte de escándalos de corrupción no se verían afectadas. Otro de los aspectos controversiales del proyecto es la reforma al régimen bizantino de compras de la Caja de Seguro Social. Aunque a todas luces esto es urgente, hay que salvaguardar la transparencia de estas adquisiciones y mantener la calidad de los insumos médicos y fármacos que sean adquiridos con las nuevas reglas. Por demasiados años, las normas que rigen las licitaciones públicas han sido una fuente de vergüenza, controversia y rechazo social. Aunque la propuesta es valiosísima, todavía puede ser mejorada y necesita mayor participación de toda la sociedad.

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