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Los países occidentales usan alguna variante del testigo protegido para permitir que personas que conocieron de primera mano la actividad criminal colaboren con la justicia. Ayer, el testigo protegido de la fiscalía del caso de los pinchazos dio la cara relatando cómo funcionaba la operación ilegal que ocurría en el Consejo de Seguridad Nacional del gobierno anterior. La defensa del expresidente de la República está en su derecho de cuestionar al testigo y su declaración. Descalificarlo como un “delincuente” es paradójicamente la afirmación de que se cometió un delito. Lo cierto es que participó de los pinchazos y colaboró con los tribunales. Por su parte, la defensa ha invocado a un prófugo de la justicia como testigo para sus argumentos. Nos quieren hacer creer que si la persona fue parte actora de los hechos, su declaración es buena cuando es a favor de la defensa, pero mala, si es contraria. Las autoridades están en la obligación de proteger a este testigo y a su familia, sobre todo si su identidad es divulgada por las redes sociales o por el aparato de propaganda servil que trabaja incansablemente a favor del huésped en El Renacer.

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