Hoy por hoy

Mientras los panameños disfrutan de dos líneas del Metro y de un sistema de transporte urbano bastante cordial, operado por Mi Bus, que sustituyeron a los infames “diablos rojos”, no se puede olvidar el negociado de la indemnización de estos transportes públicos. Entre los años 2010 y 2014 se compensó a un total de 2 mil 649 propietarios de certificados de operación de estos vehículos. Las indemnizaciones tenían un rango entre los 25 mil y 75 mil dólares, de acuerdo con el tipo de vehículo y la ruta asignada. El Estado desembolsó 94.8 millones de dólares en la operación, que rápidamente devino en una compleja maraña de investigaciones y un larguísimo caso judicial que todavía no tiene condenas a la vista. La justicia panameña ha demostrado grandes flaquezas, y el caso de las compensaciones de los “diablos rojos”, que involucra por igual a políticos, empresarios y transportistas, es un ejemplo muy claro de lo que está mal con nuestra justicia. Es imperdonable que, transcurridos tantos años, jueces y magistrados se hayan prestado al abuso de las medidas dilatorias que abogados defensores han interpuesto de forma generalizada. A pesar de esto, queda claro que la lección más importante de este caso es que la opacidad siempre favorece al conflicto de intereses y, por ende, se fomenta la gran corrupción. Eso es lo que nos queda de la manera en que los “diablos rojos” salieron de nuestras calles.