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El escándalo de las donaciones que Pandeportes remitía a distintas organizaciones ha entrado en una nueva fase. El Ministerio Público emprendió una pesquisa preliminar para validar el desvío de unos 9 millones de dólares que debieron ser utilizados para la compra de implementos deportivos y otras actividades relacionadas. Como ya ha publicado este diario, el destino de esos fondos pasó por las manos de diputados y otros altos funcionarios de la Asamblea Nacional. Aunque el 1 de julio venidero, varios de los presuntos implicados perderán sus curules, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia tendrá que asumir la investigación de diputados en funciones. La fiscalía pudo verificar 17 ubicaciones supuestamente beneficiarias del financiamiento estatal, sin encontrar rastro alguno de donativo en ninguna de ellas. Es una tragedia lo que han sufrido el deporte y los atletas panameños por este ultraje. La nueva administración puede enmendar esto exigiéndole responsabilidades a los políticos de su propio partido, y así demostrar que su código de honor y su lucha contra la corrupción son verdaderos: prohibido mentir, robar y traicionar al país y a los panameños.

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