Hoy por hoy

Esta semana se cumplió un año desde que la presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Yanibel Ábrego, impidió la ejecución de una auditoría de la Contraloría General de la República sobre la planilla 080, que manejaba el Poder Legislativo. La diputada presidenta recurrió la resolución del contralor por vía de un amparo de garantías constitucionales, cuya decisión se hizo pública hace unos días. Con una mayoría mínima, la Corte reafirmó que la Contraloría puede auditar el gasto público de cualquier órgano del Estado panameño, y que dicha auditoría no constituía por ende una investigación penal de los diputados. Sorprende que semejante decisión no haya sido unánime por parte de los magistrados. El principio de la potestad general de auditar de la Contraloría debe ser cuidado por toda la sociedad. Hoy Panamá se aboca a un proceso de reformas constitucionales necesarias para actualizar nuestra carta magna. Es vital que los ciudadanos vigilemos que las normas constitucionales que rigen a la Contraloría no sean desmejoradas, ni que el blindaje de los diputados sea fortalecido. La carrera por el establecimiento de un marco constitucional que promueva la integridad y fortalezca la transparencia de los poderes públicos, empieza por la rendición de cuentas de todos y cada uno de los funcionarios, sobre todo, los más poderosos.