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La inseguridad ciudadana es una de las grandes preocupaciones que aflige a los panameños. No es casualidad que los siete candidatos presidenciales tengan dentro de sus planes de gobierno el uso de diferentes estrategias de manos suaves, manos duras, aumento de pie de fuerzas de los cuerpos de seguridad, ampliación de los centros penitenciarios, aumento de la cobertura de las cámaras de vigilancia, fortalecimiento de las iniciativas de reinserción social y la reforma de los códigos del país. En gran medida, estos esfuerzos buscan sustituir una grave carencia: la falta de una política criminológica del Estado panameño. Por los últimos tres lustros, se ha ignorado el llamado del Pacto de Estado por la Justicia de consensuar una política pública en esta materia. Así los cuerpos de seguridad panameños están dotados de vastos recursos y cuentan con importantes capacidades de respuestas, pero no cubren efectivamente a la población, que es víctima de la microdelincuencia, la violencia intrafamiliar y el deterioro de su calidad de vida por el desorden público. El gran reto es hacer una política de Estado que nos proteja a todos.

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