Hoy por hoy

La nueva justicia penal panameña está fundamentada en una legislación procesal garantista, cuya expectativa era producir procesos judiciales con celeridad, inmediatez, concentración y, sobre todo, equidad de las partes. Esa aspiración se ha quedado muy limitada en el caso de Ricardo Martinelli. Todo el vértigo procesal de la causa de los pinchazos, incluyendo la traumática conducta de la Corte Suprema de Justicia, el excesivo ejercicio de recursos dilatorios y reiterativos por parte de la defensa, y la multiplicidad de lagunas legales de nuestro ordenamiento jurídico, ha creado desazón y desesperanza en la opinión pública. La decisión del Ministerio Público de anunciar amparos de garantías constitucionales para recuperar el debido proceso en este caso, exige de la Corte Suprema de Justicia actuar con diligencia y rapidez, para corregir las acciones del tribunal de juicio, que solo pueden considerarse como producto de la mala fe. Las pruebas que debían practicarse fueron las aprobadas por el magistrado de garantías Jerónimo Mejía en la etapa anterior. Esa discusión ya estaba superada. El exabrupto del tribunal de juicio de rechazar pruebas a estas alturas no le deja otro camino a la fiscalía que recurrir al amparo de garantías como un escudo para proteger casi cinco años de trabajo, y mantener viva la esperanza de que en Panamá se puede hacer justicia sin trampas y que la ley es igual para todos.