Hoy por hoy

¿Dónde termina la legítima defensa de un procesado y empieza el abuso de los recursos legales? Esta es una de las preguntas esenciales que provoca la actuación de la defensa técnica del expresidente de la República, hoy huésped de El Renacer. El actual fiscal del caso de los pinchazos ha indicado que ha recibido amenazas. A la vez, es público y notorio que la sofisticada organización dedicada a la defensa del exmandatario ha interpuesto decenas de recursos desde el año 2015, algunos de los cuales son meramente repetitivos, y que en muchas ocasiones han tenido el obvio efecto de dilatar el proceso judicial. Se les cambió de tribunal, pero a pesar de esto, han reiterado el habeas corpus pidiendo por enésima vez la liberación del extraditado, mientras en la Corte Suprema de Justicia se barajan otras acciones, como una inconstitucionalidad que pretende nuevamente discutir lo que ya la propia Corte había decidido, cuando negó un amparo y procedió a legitimar lo realizado por el magistrado Jerónimo Mejía. Este festival de recursos y medidas dilatorias podría ser justificado como la facultad que tiene la defensa para utilizar todos los medios para avanzar su causa. Sin embargo, tanto la Constitución como los códigos le dan herramientas a los tribunales para descartar aquellas actuaciones dilatorias. Parece que los jueces han olvidado que ellos son los que ponen el orden en los tribunales.