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Por años, los trámites burocráticos para la obtención de los registros sanitarios que permiten la introducción y comercialización de medicamentos en Panamá han sido un cuello de botella, que entre otros aspectos ha influido en el desabastecimiento de medicinas en el país. Los retrasos en las tramitaciones son legendarios, llegando en una época no muy lejana a tomar hasta dos años para completar el proceso registral. Ahora, las autoridades han implementado algunas medidas correctivas para mitigar estos problemas, pero con la reciente aprobación de un decreto ejecutivo, las tasas cobradas por este proceso fueron aumentadas significativamente, lo que genera una nueva incertidumbre sobre cuál será el efecto en el costo ya excesivo que tienen los fármacos en Panamá. El Ejecutivo parece no entender que con esta iniciativa refuerza el mensaje de que los medicamentos son un buen negocio, una fuente de ganancias exageradas para la empresa privada y de rentas para el presupuesto del Gobierno. Se ha perdido de vista que de lo que se trata es de la salud de todos.

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