Hoy por hoy

La iniciativa que advierte a los ciudadanos que “pelen el ojo” sobre la gestión de algunos funcionarios de elección popular es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho que tiene la población a estar debidamente informada. En el pasado, con muy buen tino, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral han fallado en favor de estos principios que también están consagrados en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. El acto de exigir que un candidato a un puesto de elección popular rinda cuentas por sus acciones u omisiones jamás debe ser censurado ni por el aspirante a dicho cargo ni por autoridad alguna. Lo ocurrido recientemente con una serie de vallas que buscaban alertar a la población sobre serios cuestionamientos, que ya son de carácter público, a ciertos políticos, debe encender la alerta ciudadana. En una democracia, silenciar la voz que cuestiona es simplemente inaceptable, más aún en momentos en que el país se prepara para escoger nuevas autoridades a todos los niveles. La libertad de expresión y el derecho a estar informados no son negociables. Esto lo deben tener muy claro no solo las instituciones, sino aquellos que aspiren a llegar al poder.