Hoy por hoy

Frente a hechos similares, con iguales derechos invocados, el dictamen de los tribunales debe ser el mismo. En Panamá no lo es. El errático comportamiento de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia evidencia la inseguridad jurídica que sufre el país. El 3 de julio de 2017, el magistrado Abel Zamorano rechazó la admisión de una demanda que pretendía que el Banco Nacional pagara una indemnización millonaria, por un fideicomiso constituido con una cadena de almacenes: “...El acto señalado como hecho generador se trata de un acto de naturaleza civil-comercial, cuya revisión no es competencia de esta jurisdicción...”. ¿Qué diferencia existe entre este caso y la demanda actual contra el banco por el fideicomiso de un centro comercial? El mismo magistrado decide de forma totalmente opuesta. Esta es la realidad que enfrentan todos los ciudadanos, cuyas vidas, libertades, patrimonios y derechos están en manos de la justicia panameña. Estos cambios inesperados de jurisprudencia dejan un mal sabor de boca y levantan un terrible halo de sospecha. Todavía la Corte está a tiempo de evitar otra vergüenza, devolviéndole la calma a nuestra economía.