Hoy por hoy

La delincuencia organizada ha rebasado las fronteras y las capacidades de los países. En Estados Unidos, por ejemplo, para juzgar a una figura como a Joaquín Chapo Guzmán, respetando su presunción de inocencia y sus derechos, se han tenido que tomar medidas extraordinarias de seguridad. En México y Colombia, por su parte, la delincuencia desafía plenamente al Estado. Panamá no escapa de esta terrible realidad. La corrupción ha penetrado las cárceles, los cuerpos de seguridad, la política, al Ministerio Público e incluso al Órgano Judicial. Frente a esta situación, el Estado ha emprendido una estrategia de control de los presuntos delincuentes de más alta peligrosidad y con conexiones a carteles internacionales. El penal de Punta Coco no es una solución perfecta, sin embargo, los ajustes y modificaciones emprendidas por el Gobierno lo han adecuado al respeto de los derechos humanos. El historial y el perfil de los detenidos reclama vigilancia permanente de sus actuaciones y, a la vez, exige que la ciudadanía se mantenga alerta sobre este penal. Al tiempo que se combate la delincuencia organizada, hay que trabajar seriamente para prevenir su crecimiento.