Hoy por hoy

Nuestra Constitución establece que “el poder público solo emana del pueblo”, pero la realidad es que ese principio democrático puede ser trastocado por otros factores que nada tienen que ver con la voluntad ciudadana. En nuestra historia reciente hemos sido testigos, por ejemplo, de los exagerados gastos electorales. Y está demostrado que el dinero y su poder pueden desvirtuar el espíritu del sufragio, la sana competencia electoral y dictar políticas públicas. Afortunadamente, cada cinco años, tras cada ejercicio democrático, diversos sectores discuten cambios a las reglas electorales para tratar de mejorar. El tope al financiamiento privado y el establecimiento de reglas específicas para la rendición de cuentas es fruto de esos cambios acordados, lo cual implica que todos debemos hacer nuestra parte. No se justifica que esos mismos actores que consensuaron las reformas electorales con una noble intención ahora decidan aplicarlas a su conveniencia. Al Tribunal Electoral le toca imponer sanciones ejemplares, y quienes pretenden gobernar el país están obligados a predicar con el ejemplo. Lo contrario sería un despropósito inaceptable.