Hoy por hoy

Tanto el proyecto de ley que aprueba el Código Tributario, como el que penaliza la evasión fiscal, fueron consensuados por el Ejecutivo con un grupo de actores de la industria financiera local . Es de todos conocido que, en el caso de la penalización de la evasión, se trata de una más de las exigencias de los países miembros de la OCDE, a los cuales les interesa afianzar el flujo de información hacia ellos. Internamente, el proyecto tiene detractores, algunos porque temen que la ley pueda ser utilizada como arma de persecución política. Otros, porque entienden que se trata de una imposición que responde exclusivamente a intereses externos. Sin entrar a debatir sobre esos argumentos, la realidad es que el país tiene pocas alternativas y menos tiempo: la reunión plenaria del GAFI tendrá lugar el próximo mes de febrero, y Panamá será sometida a evaluación. Por eso es inaceptable que ambos proyectos estuviesen secuestrados hasta ayer por los intereses electoreros de los diputados. Ser catalogados como jurisdicción “de alto riesgo” es una etiqueta que no solo afectaría la imagen, sino que podría conllevar costos económicos reales.