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Por los corrillos de la Corte Suprema de Justicia se rumora que circula un proyecto de fallo que declararía que la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, no ha cometido desacato por negarse a entregar la información sobre las partidas y contratos de la Asamblea Nacional. De ser cierto, esto puede ser un indicio del pacto de impunidad existente entre la Corte Suprema y la Asamblea. La diputada Ábrego ha utilizado todo tipo de maromas y estratagemas para evitar dar a conocer la información del uso de los dineros del Estado por parte del órgano que ella preside. La Prensa solicitó esta información con el detalle que la Ley de Transparencia exige, sin embargo, una y otra vez se nos negó el acceso a estos datos públicos e, incluso, se quiso derogar esta ley por medio de un absurdo recurso judicial. Es una desfachatez que el máximo tribunal pretenda decir que la diputada cumplió con la norma, cuando a la misma Corte le consta que ese no es el caso. De esta manera, este tribunal puede hacerse cómplice del latrocinio de millonarios fondos que le pertenecen a todos los panameños. Así se premian los desacatos de los poderosos: con la impunidad.

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