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En Panamá, los programas de subsidios gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) cubren a más de 200 mil beneficiarios y representaron aproximadamente $59 millones para 2018. Pese a estos desembolsos millonarios, Panamá se caracteriza por una enorme desigualdad económica y una pobreza extrema que alcanza al 9.9% de la población. Es vital para el adecuado funcionamiento de estos programas que se valide que los beneficiarios reales los están aprovechando correctamente, y que las transferencias económicas no se convierten en nuevas cadenas para mantener a esta población vulnerable en una situación de dependencia, o sujetos a la manipulación del clientelismo. El Mides ha depurado los listados de los beneficiarios para proteger que los fondos públicos no sean dilapidados, como sucedió en el pasado, pero a la población también le corresponde poner de su parte y hacer uso correcto de estos recursos. Si bien ningún país puede crecer de manera sostenida con inequidad, la mejor política social es aquella en la que el Estado maneja sus recursos con transparencia y eficiencia, fijando límites y plazos para los subsidios que otorga. Este es un buen inicio para que la pobreza sea cosa del pasado.

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