El año 2018 le deja al país una deuda imperdonable en materia de lucha contra la corrupción. Por un lado, los proyectos de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la muerte civil y la extinción de dominio sobre bienes cuyo origen no puede ser justificado, quedaron engavetados en una comisión de la Asamblea Nacional. Por el otro, el Ejecutivo quedó en mora con varias iniciativas prometidas en campaña y tampoco dio curso a los cinco proyectos de ley que hace más de dos años elaboró la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿A qué le tiene miedo nuestra clase política? Más que gobernantes preocupados en proteger los intereses públicos y buscar el bien común, pareciera que la intención es mantener el statu quo de impunidad. Hasta que los panameños no entendamos que la corrupción en todas sus formas es el impuesto más caro que existe, porque se paga en vidas perdidas por falta de medicamentos, destinos truncados por carencia de educación o una sociedad subsidiada en todas sus formas o cargada de pobreza por los sobreprecios de las contrataciones públicas, el despilfarro y la desfachatez continuarán. En 2019 somos los ciudadanos los que debemos exigir que se retome esta agenda, y actuar consistentemente en las urnas, el próximo 5 de mayo.
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30 dic 2018 - 05:00 AM
