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Desde que tomó posesión el 1 de julio de 2014, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, debía saber que el 31 de diciembre de 2018 vencía el término del fiscal electoral. No obstante, el nombramiento del reemplazo de Eduardo Peñaloza no fue incluido dentro de la lista de temas a considerar en la agenda de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. Es evidente que los diputados, incluyendo a los de las bancadas del gobierno, no tenían la intención de deliberar sobre ninguno de los temas cruciales que necesita el país, pero el presidente tenía que hacer su tarea. Mientras se acumulan las vacancias en cargos clave para la justicia del país, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han actuado de forma responsable. En los albores de un nuevo proceso electoral, nos quedaremos, salvo que ocurra un milagro, con un fiscal electoral poco competente y cómplice del abuso de fondos públicos para campaña política. Este fiscal es un verdadero encubridor. Ha dejado en la indefensión al país y, como premio, permanecerá en el cargo mientras tengamos un presidente que no toma decisiones y un circo como Asamblea Nacional.

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