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Durante más de 20 años, el sector agropecuario se ha visto sometido a importantes presiones económicas, productivas, logísticas, tecnológicas y a la transformación de la comercialización y de los hábitos de consumo. Gobierno tras gobierno, el país ha sido testigo de un rosario de improvisaciones en materia de política agropecuaria. Por otra parte, hay que tener en cuenta que toda medida tendiente a resolver los problemas del agro mediante el proteccionismo tendrá un efecto sobre los consumidores, que conforman la inmensa mayoría. No solo se trata de impuestos destinados a subsidios, sino de limitar las opciones de las familias a la hora de comprar. Dicho esto, nadie puede negar el valor material e inmaterial que tiene el sector primario y la imperiosa necesidad de atender sus reclamos. Lo que nunca se puede excusar ni mucho menos justificar es la violencia contra los funcionarios, los particulares y los daños contra la propiedad pública o privada. La turba en Divisa se convirtió en un despropósito que deslegitimó la protesta. Panamá no se puede dar el lujo de tolerar estos incidentes. Toda la sociedad pierde cuando la violencia se convierte en la vía de interacción entre ciudadanos y Gobierno.

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