Hoy por hoy

La Interpol, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Transparencia internacional elaboraron 28 recomendaciones para mejorar la lucha contra la delincuencia organizada. Algunas de estas recomendaciones son conocidas, porque la sociedad civil organizada, sobre todo en el seno de la Comisión de Estado por la Justicia, las ha venido reclamando desde hace años, como la eliminación de jueces interinos, la existencia de un sistema de monitoreo del patrimonio de los funcionarios y reformas al funcionamiento del sistema de justicia penal, que incluye que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) sea separada de la estructura de la Policía Nacional, para garantizar una mayor independencia de las pesquisas. Se recomienda también que el presupuesto anual asignado al Órgano Judicial sea el equivalente a no menos del 5% -y no el 2% actual- del presupuesto general del Estado, y que tanto jueces como fiscales y demás agentes de investigación sean constantemente capacitados y reciban una protección efectiva por su vital rol en el combate del crimen organizado, y que además existan los mecanismos de supervisión de la integridad de este personal, sobre todo el de las altas esferas de cada institución. En otras palabras, si queremos justicia de verdad, las entidades de este sector no pueden seguir actuando como lo hacen ahora.