Hoy por hoy

La cifras registradas por el Ministerio Público reflejan un alarmante incremento en la comisión de delitos sexuales en contra de menores de edad, siendo las niñas las más afectadas. Estos datos han hecho que las autoridades competentes y las comunidades trabajen en un plan fundamentado en la atención a la familia y el combate de la violencia en las escuelas y poblaciones, que pretende, no solo reducir la cantidad de delitos que se comenten, sino también atender a las víctimas. Sin embargo, esta es una iniciativa, que aunque positiva, llega tarde. Que niños y niñas, sin importar la cantidad, sean víctimas de depredadores debió ser suficiente para que sonaran las alarmas de las diferentes administraciones gubernamentales y acabar con este flagelo de consecuencias devastadoras, tanto para las víctimas como para la sociedad en general. Por otro lado, es inaceptable que en la agenda legislativa todavía estén pendientes proyectos de ley como el que crea el registro de personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual, y el de la educación sexual que, entre otros temas, procuran dar herramientas para salvaguardar la protección de los más vulnerables. Los diputados deben entender que su labor no consiste en aprobar leyes que compren votos para la próxima contienda electoral. Garantizar un ambiente seguro para que los niños y niñas no sean víctimas de la barbarie de depredadores es una deuda pendiente con el país.